El Juzgado Séptimo de Distrito resolvió negar la suspensión definitiva a la construcción del Puente Talabarteros, promovida por un particular, la cual mantuvo detenidos los trabajos desde el pasado 10 de febrero. Con la resolución judicial, dicha obra podrá continuar su realización sin contratiempos. Esto luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito estimara que la construcción de la obra no es susceptible a suspensión definitiva por dos razones principales: La primera, porque de concederse afectaría el interés social y el orden público en mucho mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso con la concesión de la suspensión. El segundo motivo: porque la ejecución e inclusive la consumación del acto reclamado, de ninguna manera impedirían que -en su momento- se pudiera restituir al quejoso en el goce del derecho que estima vulnerado. De acuerdo con el resolutivo, una de las pretensiones del particular con la promoción del juicio de amparo es que se aclare si procede o no, el pago de una indemnización con motivo de dicha afectación en su favor.  Las autoridades responsables refirieron, en sus informes previos, que la suspensión definitiva resultaba improcedente porque, a su consideración, la construcción de la obra pública es realizada sobre una vialidad ya existente (bulevar José María Morelos en el entronque con bulevar Talabarteros). Cabe destacar que existe un decreto expropiatorio que data de 1982, pues el predio era parte de la carretera federal a Lagos de Moreno que, con el paso de los años, se convirtió en bulevar. Sin embargo, el decreto de expropiación persiste en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que es quien tiene los derechos.  Para este fin, el particular hizo llegar al juez una escritura que data del 2020, elaborada en Celaya y que no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad. La obra del puente Talabarteros es una construcción realizada por el Gobierno del Estado, a través de la SICOM, con una inversión de 115 millones de pesos. Para la resolución definitiva, las autoridades estatales y municipales rindieron un informe para que, sobre el mismo, tome las determinaciones conducentes.