México tiene condiciones para crecer y competir mejor, pero arrastra problemas internos que reducen esa capacidad. Uno de los más persistentes es la corrupción, un lastre que encarece la economía, distorsiona decisiones y debilita las instituciones.

Su daño rebasa el soborno o la cantidad que pierde una persona al realizar un trámite. La corrupción modifica el funcionamiento de las instituciones cuando una decisión pública deja de regirse por criterios generales y comienza a depender de pagos, relaciones, influencias o intereses particulares. En ese momento, la ley pierde fuerza como marco común y cumplir deja de asegurar un trato justo.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI estimó que en 2025 el costo promedio por persona afectada alcanzó 3 mil 865 pesos a precios de 2018, equivalentes a unos 5 mil 600 pesos de hoy. Es una carga considerable para millones de familias y apenas muestra parte del daño, pues deja fuera los costos para las empresas, las inversiones que desalienta y la actividad económica que no se genera.

Cada acto de corrupción puede parecer una salida rápida, pero esa ventaja individual vuelve más costoso e incierto el sistema para todos. El trámite se complica para mantener abierto el espacio de negociación, la inspección puede convertirse en amenaza y la aplicación de la norma se vuelve discrecional. Con el tiempo, estas prácticas se normalizan y se extiende la idea de que cumplir resulta menos eficaz que buscar una excepción.

Para las empresas formales, el efecto es grave. Quien paga impuestos, cumple obligaciones laborales, obtiene permisos e invierte en mecanismos de cumplimiento queda en desventaja cuando otros consiguen contratos, licencias o beneficios mediante arreglos irregulares. La corrupción altera las condiciones del mercado, reduce el valor del esfuerzo productivo y castiga a quienes operan dentro de la ley.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Tienen menos recursos jurídicos y financieros para resistir la demora de un permiso, una inspección arbitraria o una clausura usada como represalia. Buena parte del riesgo se concentra en el ámbito municipal, donde se realizan trámites indispensables para iniciar y mantener una actividad económica.

La corrupción también deteriora la calidad del gasto público. Una contratación con poca competencia, información incompleta o proveedores sin capacidad puede terminar en obras más caras, bienes deficientes y servicios que no responden a las necesidades de la población. El perjuicio llega a las familias mediante hospitales, seguridad, infraestructura, transporte y servicios urbanos que operan por debajo de su potencial.

México ha construido leyes, órganos de control, fiscalías especializadas y un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, persiste una amplia distancia entre la arquitectura institucional y sus resultados. Las fiscalías locales enfrentan carencias de autonomía, personal, recursos técnicos y protocolos de investigación. Cuando denunciar implica riesgos y la posibilidad de sanción es remota, la corrupción se vuelve una conducta de bajo costo para quien la comete.

La política anticorrupción debe comenzar por reducir la discrecionalidad. Simplificar los trámites es tan importante como digitalizarlos. Llevar a una pantalla un procedimiento innecesario conserva sus costos y dificultades. Se requiere eliminar pasos, homologar requisitos, fijar plazos, identificar responsables y permitir que ciudadanos y empresas conozcan el estado de sus gestiones.

En las compras públicas necesitamos sistemas que permitan seguir cada operación desde la planeación hasta la entrega del bien o servicio. El cruce de información puede detectar proveedores sancionados, conflictos de interés, concentraciones anormales de contratos y cambios injustificados. La tecnología debe prevenir irregularidades y facilitar que la competencia se base en precio, calidad y capacidad.

También es indispensable fortalecer las fiscalías anticorrupción con personal profesional, policías de investigación, peritos y recursos suficientes. Su autonomía debe acompañarse de mecanismos de supervisión, voluntad política y evaluación pública. La sociedad debe conocer cuántas denuncias se investigan, cuánto tiempo siguen abiertas, cuántas llegan ante un juez y qué sanciones se aplican. La eficacia se acredita con resultados verificables.

Los canales de denuncia requieren confidencialidad y protección frente a represalias. Una empresa difícilmente reportará una exigencia indebida cuando teme que después le nieguen un permiso, aumenten las inspecciones o paralicen su operación. Cada caso debe tener seguimiento, apoyo jurídico y consecuencias para quien use la autoridad como instrumento de presión.

El sector empresarial tampoco puede limitarse a señalar las fallas de la autoridad. Debe revisar sus propias prácticas y evitar que la urgencia por agilizar un trámite, obtener un contrato o resolver una contingencia termine justificando conductas indebidas.

La integridad debe formar parte de la estrategia de cada empresa y de sus decisiones cotidianas. Esto supone reglas claras sobre pagos, regalos y conflictos de interés, supervisión de gestores e intermediarios, revisión de proveedores, canales internos de denuncia y participación directiva. Estas medidas deben ajustarse al tamaño y los riesgos de cada organización para evitar una nueva carga burocrática para las MiPyMEs.

Una economía basada en la libre iniciativa requiere responsabilidad, competencia leal y reglas aplicadas por igual.

Desde el sector privado debemos impulsar una agenda compartida de integridad pública y empresarial. Al gobierno le corresponde prevenir, investigar y sancionar. A las empresas nos toca fortalecer nuestros mecanismos internos, rechazar ventajas irregulares y colaborar en las soluciones. México necesita que cumplir sea la opción más sencilla, segura y competitiva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Con información de Excélsior