La educación pública merece y requiere de un respaldo presupuestal institucional que no esté sujeto al capricho de nadie, más aún, tratándose de la educación superior, la simulación en el apoyo económico es por demás inadmisible. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es víctima del incumplimiento de Gobierno del Estado que, de manera inexplicable, le ha retenido las aportaciones que, vía subsidio estatal, está obligado a entregar mes con mes. No se trata de una canonjía o dádiva, sino de recursos públicos asignados en el marco de la firma de un convenio suscrito por parte de la administración estatal con la Universidad el pasado 10 de enero. Los convence firman para cumplirlos al pie de la letra. No son para tenerlos guardados en el cajón de algún escritorio o en cualquier gaveta en la Secretaría de Finanzas.

El cumplimiento cabal de un convenio no puede supeditarse a la voluntad personal de nadie, ni siquiera del titular del ejecutivo… La Universidad es hoy por hoy, víctima de un gobierno en el que la apariencia resalta por encima de todo, en el que se dice una cosa y se hace lo contrario. Desde el Gobierno Estatal se jactan de apoyar a la Universidad, pero los hechos dicen lo contrario. Cada año, se firma un convenio respecto del presupuesto de la institución que, se integra con aportaciones federales y una local que, dicho sea de paso, siempre ha sido precaria. La administración estatal, según el convenio firmado, para este año tendría que aportar 384 millones 746 mil 485 pesos. Al corte de septiembre pasado, debieron entregarse a la Universidad 307 millones 794 mil 744 pesos, sin embargo, por razones desconocidas, únicamente se transfirieron 173 millones 793 mil 704.50 pesos. Al cierre del tercer trimestre del año, dejaron de entregarse 134 millones 001 mil 039.50 pesos. Se trata de un incumplimiento tan irracional como inexplicable. Sería extraordinario que se explique con peras y manzanas tamaña omisión. No obstante que desde la Secretaría de Educación Pública se ha solicitado a la administración estatal que honre el convenio y entregue los recursos congelados, no ha habido respuesta favorable y que no puede ser otra sino la liberación inmediata de los recursos. La universidad recibe un trato del todo injusto. Asfixiarla presupuestalmente es una mala idea pues al final, el daño provocado incide de manera directa en la formación de miles de universitarios que se educan y preparan para servir a la sociedad. Se atenta contra la autonomía en tanto que la institución no puede ser objeto de ese tipo de presiones, bajo el pretexto de que habría en la institución algún “personaje oscuro” o bien, la peregrina sospecha de que no se ejercen los recursos con eficacia y transparencia. En la nueva era que se dice incursiona San Luis Potosí, no caben actitudes que, en los hechos, representan una vulneración al Estado de Derecho. En lo ideal, el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona tendría que informar de los motivos que han llevado a la retención de los recursos y que, de inmediato se hagan las ministraciones correspondientes. Las y los universitarios que día a día acuden a las aulas a prepararse con el objetivo de formarse profesionalmente, desean hacerlo en un entorno de estabilidad económica de la institución y no, en un escenario de incertidumbre.