EL MOVIMIENTO CIUDADANO de Dante Delgado deberá esforzarse aún más para sacudirse los cada vez más frecuentes señalamientos de que en la próxima elección presidencial jugará el papel de “esquirol” de Morena. Si bien los ataques de los candidatos emecistas a los representantes de la alianza opositora no son suficiente prueba de una relación entre ambos organismos políticos, los contratos para beneficiar a liderazgos naranjas sí podrían confirmar esa conexión Hace apenas unas semanas el IMSS-Bienestar, de Alejandro Calderón Alipi, licitó el “Servicio de Recolección, Transporte Externo, Lavado, Planchado, Doblado, Emplayado o Empaquetado y Entrega de Ropa Limpia en Territorio Nacional”. El resultado arrojó como gran ganadora a la razón social Servicios Estrella Azul de Occidente, que compitió como oferta única para la mayoría de partidas y se embolsó contratos por un monto máximo de 379 millones de pesos, tan sólo para el presente año. La firma es propiedad del Grupo Arancia, que preside Luis Aranguren Tréllez, vinculado familiarmente con el actual secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. De hecho, abundan señalamientos en aquellos territorios de occidente que aseguran que el funcionario ya ha beneficiado directamente en ocasiones pasadas a esta misma compañía, específicamente para otorgarle el servicio de arrendamiento de ropa reusable, quirúrgica y hospitalaria destinada al Instituto Jalisciense de Salud Mental. Más extraño aún, en 2020 Servicios Estrella Azul de Occidente recibió una adjudicación directa de la Secretaría de Salud de Veracruz, que encabezaba en ese momento el actual candidato a diputado federal por Morena, Roberto Ramos Alor. Éste entregó a la mencionada empresa el servicio subrogado de lavandería de la Red Hospitalaria de Veracruz, por un monto superior a los 5 millones de pesos. El hecho fue incluso denunciado por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés. Los políticos albiazules señalaban desde aquel entonces una extraña relación entre el gobierno de Jalisco, del emecista Enrique Alfaro, y el del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. Les parecía particularmente extraño en ese momento que un funcionario perteneciente a un gobierno de Movimiento Ciudadano se estuviera viendo beneficiado desde la entidad de origen de Delgado Rannauro, el líder del llamado movimiento naranja. Las sospechas seguramente crecerán ahora que los “apoyos” vienen desde el gobierno federal, y que se cuentan actualmente en cientos de millones de pesos. HAY ACTUALIZACIONES Y noticias en el conflicto entre los herederos de Alberto Romano encabezados por la señora Teresa Abdalá y la familia Vargas, respecto de la tenencia accionaria de aquellos en Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR).  Resulta que ayer se notificaron ya suspensiones de amparo en contra de las medidas precautorias obtenidas por los ex dueños de Sushi Itto, por lo que quedaron sin efecto alguno, surtiendo por ello ya plenos efectos las medidas cautelares que obtuvo el fideicomiso de control de los Vargas desde febrero de 2024. Y además, en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se tomaron medidas inmediatas para evitar que dos juzgados estuvieran conociendo al mismo tiempo de la misma contienda. Y es que, efectivamente, el equipo legal de Abdalá omitió informar al Juez 50 sobre la preexistencia de medidas obtenidas por el fideicomiso de control. Tomando nota de ello, el propio Juez 50 ya determinó declararse incompetente y remitir todo el expediente del segundo juicio ordinario mercantil al Juzgado segundo, que es el que venía conociendo del asunto inicialmente judicializado por la familia Vargas. El conflicto continuará sustanciándose en tribunales, pero ahora de manera íntegra ante un solo juzgado y sin la existencia de medidas cautelares contradictorias, por lo que continuará vigente el contrato de fideicomiso que rige la conducta de Actinver como fiduciario en tanto todo esto se resuelva en sentencia definitiva. Y una precisión, Joaquín Vargas Guajardo será presidente de CMR hasta octubre de este año. Su hermano Alejandro lo sustituirá en noviembre. AL CIERRE DE marzo, las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero, obtuvo el procesamiento de un millón 62 mil barriles diarios, situación que no se alcanzaba desde hacía ochos años, y si se consideran las operaciones de la refinería de Deer Park, ubicada en Texas, a lo largo de los primero tres meses del año el procesamiento de crudo de la empresa productiva del Estado alcanzó un total de un millón 249 mil barriles diarios. En este sentido los directivos presumen, que, gracias a la mayor oferta nacional de combustibles, y junto con su estrategia comercial, ha logrado recuperar un importante volumen de clientes y, por ende, incrementado su participación en el mercado nacional de combustibles: 84.7% en gasolinas y 80.5% en diésel. EL GRUPO CENTURIÓN Combustibles, que dirige Enrique Zúñiga Pérez, acaba de hacerse del contrato para suministrar combustible diésel a diversos centros federales de Prevención y Readaptación Social. Estamos hablando de los reclusorios 1 “Altiplano”, 5 “Oriente”, 7 “Noreste” y 8 “Nor-Poniente”, además del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Desde abril y hasta el último día de este 2024, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social destinará 15 millones de pesos para el servicio. EN LA UNIDAD Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral hay una denuncia presentada desde el pasado 27 de marzo contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y contra el Partido del Trabajo, de Alberto Anaya. Según el documento, que aseguran podría proceder, el exmandatario que busca su reelección en el Senado de la República bajo las siglas del PT ha incurrido en el uso indebido de recursos públicos para propaganda electoral, lo que constituye una violación a la normatividad vigente. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE