Cuando Javier May relevó a Rogelio Jiménez Pons del Fonatur, en la segunda semana hábil de 2022, el Tren Maya registraba para entonces un retraso de más de cinco meses y un sobre precio de 47%. A la vuelta de más de dos años, esta megaobra insignia de Andrés Manuel López Obrador reportará en 2024 una inversión superior a los 511 mil millones de pesos, 228% más de los 156 mil millones proyectados. Ese hueco, de más de 355 mil millones es producto de una pésima planeación, irregularidades en la asignación de obras y corrupción, males que a ocho meses de que se vaya el Presidente quiere tapar. Por ello, desde principios de año envió a una de sus principales pupilas en cuadrar números, Thalía Lagunas, a limpiar el tiradero que dejaron Jiménez Pons, May y su amigo Amílcar Olán. Lagunes, además de experta auditora en cuenta pública, es de toda su confianza; sustituyó a Raquel Buenrostro de la Oficialía Mayor de Hacienda y desde el año pasado es subsecretaria de la Función Pública. En el arranque del sexenio ocupó una posición clave que vino a allanarle, todavía más, la encomienda de prácticamente armar los libros blancos del Tren Maya: coordinó el Gabinete Técnico de la Presidencia. Desde ahí conoció y tuvo contacto con los secretarios y subsecretarios que se involucraron en los principales megaproyectos de la 4T, como la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora mismo llama a cada uno de los contratistas privados aglutinados en los consorcios liderados por CICSA de Carlos Slim; ICA de Guadalupe Phillips; Mota-Engil de José Miguel Bejos; INDI de Manuel Muñozcano, y Grupo México de Germán Larrea. También a la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval; al proveedor de los trenes, la francesa Alstom, que preside Maité Ramos; a la japonesa Sumitomo, que representa Mauricio Benavides, proveedora de los rieles, y a las empresas de asesoría, DB Engineering & Consulting, a cargo de Gorden Rumpff, y Mextpysa, que conduce Pablo Salazar, entre otras.

Lagunes está tomando el control administrativo y financiero total del Tren Maya para regularizar el cúmulo de pendientes que no solucionó, sino que hasta agravó May, que se fue de candidato a gobernador de Tabasco. Hablamos de regularización de derechos de vía, litigios, predios no pagados, invasiones, gastos extraordinarios y contratos asignados sin que mediara una licitación, que provocaron daños patrimoniales. Se efectuaron en estos últimos poco más de 4 años de construcción pagos en excesos, trabajos duplicados y desperdicio de recursos públicos por mala planeación, falta de control y corrupción. Se deben justificar el destino de más de mil 736 millones de pesos utilizados para las obras del Tren Maya que se ejercieron irregularmente, de acuerdo con auditorías a las cuentas públicas de 2019 a 2021. Y no se diga el tema ambiental, donde se tienen que resolver múltiples amparos, problemas de remediación y daños irreversibles al entorno, como relleno de cavernas con concreto. Así que Lagunas tendrá que demostrar sus dotes y hacer verdaderos malabares jurídicos y políticos para limpiarle la cara al que desde ahora se ve como el proyecto más costoso y dañino de López Obrador. En el ínter, el gobierno de la 4T reservó hasta 2027 el costo total de esta obra, alegando que su difusión “pone en riesgo la seguridad nacional”. Parece que la relación de Nestlé con las zonas cafeticultoras en México va en picada. A pesar de los esfuerzos del director Fausto Costa por construir un imperio caficultor, la realidad es que los productores locales cada vez confían menos en los suizos. Crecen las protestas por precios injustos, la acaparación del mercado y la imposición de una sola especie de café. El descontento ha llegado a tal grado, que hoy asociaciones de caficultores acusan a la multinacional de haber influido en la detención de líderes del gremio, quienes protestaban por mejores condiciones. México es el quinto mercado más importante para Nestlé, por lo que las alertas están encendidas no solo para Costa, sino también para el CEO de las Americas, Laurent Freixe, quien visita el país para evitar que este conflicto crezca y no perder la relación que tiene con México, que comienza a desesperarse ante la falta del cumplimiento de los acuerdos de desarrollo para el campo del sureste. Le decíamos que hace unos días que entre las huestes morenistas ya se empiezan a tirar apuestas sobre las principales posiciones de un eventual gabinete de Claudia Sheinbaum. Hacienda va ser una de las más peleadas y uno que levantó la mano por ella, aunque vaya a saber si le alcancen sus canicas, es Mario Delgado. El presidente de Morena ha deslizado esa pretensión. Para Hacienda le decía que no se descarta que repita, por lo menos el primer año, Rogelio Ramírez de la O, aunque otro posible es Gerardo Esquivel, coordinador de Sheinbaum para su plan económico. Otra posición que quiere Delgado es Pemex, que mantuvo todo el sexenio Octavio Romero. Pero no pierda de vista a los candidatos de los duros, que encabeza el vocero Jesús Ramírez. La buena de ellos es Raquel Buenrostro. JUAN CARLOS LÓPEZ insiste en quedarse con el control de los parques industriales Desarrollo Logistik, valuado en unos 3 mil millones de pesos. Recién emprendió una estrategia para regresar a prisión preventiva a los propietarios Fernando Villarreal y Blanca Ballesteros, mediante la revocación de la suspensión definitiva que los mantienen en resguardo domiciliario. López se apoyó en el Juez de Control de Nuevo León, Armando Barajas, quien había determinado violaciones a las reglas de resguardo, hasta que el Juez Primero de Distrito en Materia Penal le enmendó la plana y confirmó la vigencia de la suspensión. Para el abogado defensor, Samuel Rubio, son medidas de presión con las que los minoritarios, apoyados por el exprocurador del estado Adrián de la Garza, pretenden que los mayoritarios les cedan su patrimonio. El siguiente paso, llevar la competencia a los jueces de SLP, donde están los parques industriales. Algo pasa en el respetado bufete de Claus Von Wobeser, Wobeser y Sierra. A últimas fechas ha tomado casos que abollan su buena reputación. Aquí expusimos el pleito de I Squared Capital, de Sadek Wahba, contra ejecutivos de Kio Networks, a los que hostigó con la falsa creencia de que actuaron deshonestamente. Diego Sierra es el abogado del fondo extranjero. Pero ahora hay otra polémica familiar donde este abogado experto en compliance vuelve a quedar en el centro de la disputa. Es el escandaloso caso familiar de los ex accionistas del Grupo Modelo, Ana María González Cimadevilla, hermana de Juan Pablo, primos del ex presidente de la cervecera, Carlos Fernández. Por un caso de divorcio los dos primeros optaron por el enfrentamiento contra Diego Cándano Conesa, poniendo por delante la humillación, falsedad y abultada cartera para lograr sus objetivos de venganza.  La administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Rosalinda López Hernández, es otra que dejó el gobierno para buscar un puesto de elección popular. La hermana del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, busca la senaduría por su natal Tabasco por Morena. Suena como relevo en el organismo de Antonio Martínez Dagnino la Administradora Central de Verificación de Hidrocarburos del SAT, Amelia de León. POR DARÍO CELIS ESTRADA.