AYER LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al empresario Rafael Zaga Tawil, al amparar a Actinver y evitar que pagara poco más de mil millones de pesos.

Como una prédica en el desierto, sólo se alzó la voz del ministro Giovanni Figueroa. Fue contundente al señalar que se fijaría un precedente que dejaba en la incertidumbre a los inversionistas frente a la conducta laxa de las instituciones fiduciarias.

El personaje que representa Zaga en todo este enredo siempre fue mal visto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de las circunstancias y de que se resuelva el dichoso fraude cometido al Infonavit en tiempos, primero de Alejandro Murat, y después con David Penchyna, el caso que ayer resolvió la Corte, cuya mayoría aprobó, deja mucho qué decir.

De las intervenciones de seis de sus integrantes, sólo el ministro ponente defendió una postura que venía arrastrando desde el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sin cambiar una coma y hasta con anacronismos como seguir citando al anterior secretario General de Acuerdos.

El resto de los ministros guardaron silencio sepulcral.

Los argumentos del único togado que abiertamente votó en contra del proyecto miraron hacia adelante: “no son las partes litigantes del caso”, es el futuro de la confianza en las instituciones de crédito y fiduciarias.

Se fija un precedente que francamente pone en tela de juicio la seguridad que deben otorgar los bancos a los fideicomitentes y a los beneficiarios de los fideicomisos.

El tecnicismo del asunto hace que se vuelva complejo que el caso se comprenda en toda su dimensión. Sea por eso por lo que pase desapercibido al público en general.

Pero, ¿qué pasaría si un individuo común y corriente deja en manos de un banco como el de Héctor Madero parte de su patrimonio y éste decide hacer lo que venga en gana sin importar las instrucciones del cliente ni los fines para los que están destinados esos recursos?

El caso es que ahora las instituciones fiduciarias actuarán según su propia idea de buen padre de familia.

El voto en contra del ministro Figueroa expresó que basta el sentido común para comprender qué se entiende por eso y cómo la conducta de Actinver demostró todo lo contrario.

La neblina con que se cubre todo el asunto (el lavado de dinero, la detención de Zaga por el ICE en Estados Unidos, el Infonavit, las menciones en las Mañaneras y un largo rosario) contaminaron políticamente la decisión de la Corte, que preside Hugo Aguilar Ortiz.

En esta ocasión, el peso del vaivén político y económico cargó la balanza de la justicia.

Así que, para la próxima, habrá que pensar dos veces si se quiere constituir un fideicomiso, no sea que la fiduciaria actúe por iniciativa propia.

LA SECRETARIA DEL Medio Ambiente, Alicia Bárcena, estuvo ayer en Quintana Roo. El motivo principal de su visita fue encontrarse en Mahahual con diversos grupos locales que están a favor y en contra del proyecto Perfect Day, el cual fue cancelado por el gobierno de la República por el impacto ambiental que tenía sobre los arrecifes de la demarcación. De hecho, no se descarta que la administración de Claudia Sheinbaum declare en breve a Mahahual como un Área Natural Protegida. Llamó la atención que Bárcena no hubiera sido acompañada por Mara Lezama. Fuentes federales aseguran que la gobernadora declinó participar en la gira. En la Secretaría se afirma que Royal Caribbean, que preside Michael Bayley, comprometió parte de los mil millones de dólares que tenía previsto invertir en el parque acuático en otras actividades laterales que beneficiaban a la gobernadora. De ahí el conflicto de interés y el deslinde con la secretaria.

TRASCENDIÓ DESDE ESTADOS Unidos que están bajo investigación los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado. La información señala, incluso, la cancelación de sus visas en medio de indagatorias en curso. En el caso del primero, el foco se ubica en el papel del estado dentro de rutas del narcotráfico. En el segundo, por contrabando de combustible o huachicol. Lo que hace más complejo todo es que ambos gobernadores habrían mantenido acceso a territorio estadounidense bajo esquemas especiales de ingreso, como pasaportes diplomáticos. Aunque no existe confirmación oficial pública de cargos, el señalamiento ya introduce presión política. Falta ver si las autoridades estadounidenses formalizan o no las acusaciones.

LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN volvió a aplicar sanciones dentro del aparato público. Ahora tocó el turno a 13 funcionarios de dependencias clave como Pemex, ISSSTE, AIFA y Banjército, que encabezan Juan Carlos Carpio, Martí Batres, Isidoro Pastor y Cirilo Mondragón, respectivamente. Las faltas no alcanzan el nivel penal, pero son fallas que van desde omisiones hasta irregularidades administrativas, mostrando que todo pasa más a control interno y disciplina, que a casos de alto impacto. Las resoluciones provienen de los órganos de control, lo que mantiene el proceso dentro de la estructura burocrática. Las personas sancionadas aún pueden impugnar, lo que abre un margen legal que puede dilatar los efectos. La dependencia de Raquel Buenrostro presenta estas acciones como parte de su estrategia de integridad, aunque el alcance se mantiene acotado.

EL INFONAVIT, A cargo de Octavio Romero, cerró 2025 con un deterioro visible en su cartera. El crédito vencido creció más de 21% y ya representa poco más de una quinta parte del total. Esto no sólo refleja retrasos individuales, también problemas más amplios en la capacidad de pago de quienes financian vivienda. La categoría más crítica, la de créditos con cuatro o más mensualidades atrasadas, se expandió por encima de lo previsto en el presupuesto. Aunque el instituto reporta miles de cuentas que lograron regularizarse, no alcanza para revertir la tendencia general. La brecha entre lo proyectado y lo observado prueba que los programas de apoyo no están conteniendo el ritmo de deterioro.

COMO LE COMENTÉ la semana pasada, la reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel al frente de La Cruz Azul no tuvo ninguna sorpresa: tanto su operador Rafael Anzures, actual Director Jurídico, como Velázquez, han sembrado una ola de terror al interior del organismo a tal grado que quien se opone a ellos enfrenta, o el despido o la persecución penal a través de montajes jurídicos con la red que han construido en el Poder Judicial. Recordemos el caso de la ministra Loretta Ortíz o el expediente de Juan Briseño, exdirector Financiero, recluido en el Penal del Sur, o bien a Billy Álvarez, quien acabó falleciendo en el penal de Almoloya el mismo día de la Asamblea sin juicio ni pruebas que acreditaran su culpabilidad.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE