Durante décadas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha presentado como una organización de resistencia frente a las decisiones del poder político. Su narrativa se construye alrededor de la defensa de los derechos laborales del magisterio, la educación pública y la justicia social. Sin embargo, después de más de cuarenta años de movilización permanente y de al menos dos décadas de influencia decisiva en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, resulta legítimo preguntarse si su principal estrategia de negociación ha dejado de ser una herramienta sindical para convertirse en un mecanismo de extorsión política institucionalizada.

La pregunta no es menor. Cada año, el país presencia el mismo ritual: bloqueos carreteros, toma de casetas, plantones indefinidos, suspensión de clases, ocupación de edificios públicos y presión sobre el gobierno federal. La lógica parece sencilla: generar el mayor costo político posible para obligar a la autoridad a negociar. El problema es que este modelo de presión ha terminado por normalizar la violación sistemática del Estado de derecho. Lo que en cualquier democracia funcional sería considerado una afectación a terceros y una alteración del orden público, en México suele resolverse mediante mesas de diálogo, concesiones presupuestales y nuevas promesas gubernamentales.

Lo más preocupante es que, después de veinte años de esta dinámica, los resultados educativos en las entidades donde la CNTE mantiene mayor influencia difícilmente justifican semejante capacidad de presión política. Los datos son contundentes. Desde principios de la década del 2000 hasta la actualidad, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán han permanecido sistemáticamente entre las entidades con mayores rezagos educativos del país. Las evaluaciones nacionales como ENLACE y PLANEA, así como los resultados internacionales de PISA, mostraron reiteradamente bajos niveles de desempeño en comprensión lectora y matemáticas. En algunos momentos, más de seis de cada diez estudiantes de estas entidades se ubicaron en los niveles más bajos de aprendizaje.

La situación es aún más paradójica si se considera que buena parte de las demandas sindicales se justifican precisamente en nombre de la calidad educativa. Si las movilizaciones permanentes fueran una herramienta eficaz para transformar la educación, los estados bajo mayor influencia de la CNTE deberían mostrar avances superiores al promedio nacional. Ocurre exactamente lo contrario.

La cobertura educativa tampoco ofrece motivos para el optimismo. Aunque el acceso a la educación básica se ha ampliado en términos generales durante las últimas dos décadas, las tasas de abandono escolar, rezago educativo y conclusión oportuna siguen afectando con mayor intensidad a estas regiones. La brecha respecto a entidades del norte y centro del país permanece prácticamente intacta.

La realidad es incómoda para todos los actores involucrados. Los gobiernos federales y estatales han preferido administrar el conflicto en lugar de resolverlo. La CNTE, por su parte, ha encontrado en la movilización permanente un mecanismo efectivo para conservar poder político, influencia presupuestal y capacidad de negociación. El resultado es un ciclo perverso donde nadie asume responsabilidad por los aprendizajes de millones de estudiantes.

La demanda más reciente para abrogar la Ley del ISSSTE ilustra perfectamente esta desconexión entre discurso político y realidad demográfica.

Desde la perspectiva sindical, regresar a esquemas pensionarios previos representa un acto de justicia histórica. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente. Cuando se aprobó la reforma de 2007, México enfrentaba una transición demográfica que hoy es aún más evidente. La esperanza de vida pasó de aproximadamente 74 años a más de 78 años en menos de tres décadas. Al mismo tiempo, la tasa global de fecundidad descendió de manera sostenida. Cada vez nacen menos niños y cada vez existen más personas que viven durante más años después de jubilarse.

El modelo tradicional de reparto funciona bajo una premisa sencilla: los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se retiraron. Pero cuando la cantidad de cotizantes crece lentamente y la población jubilada aumenta aceleradamente, el sistema comienza a colapsar financieramente.

Países europeos, Estados Unidos y prácticamente toda Hispanoamérica enfrentan desafíos similares. Ninguno ha encontrado una fórmula mágica para regresar a sistemas más generosos sin generar enormes presiones fiscales. En México, la situación es particularmente delicada porque el gasto en pensiones y en “apoyos” a adultos mayores ya representa una de las partidas más grandes del presupuesto federal, incluso mayor que el destinado a educación en 2026.

Prometer el regreso a esquemas anteriores puede ser políticamente atractivo, pero financieramente resulta insostenible. La aritmética demográfica no responde a consignas, marchas ni bloqueos.

Sin embargo, la discusión ha dejado de ser técnica para convertirse en una disputa simbólica. La CNTE sabe que la presión callejera genera mayor rentabilidad política que cualquier análisis actuarial. El gobierno, por su parte, teme asumir los costos de explicar la inviabilidad financiera de ciertas demandas. Ambos actores alimentan así una ficción colectiva que inevitablemente terminará enfrentándose a la realidad presupuestal.

Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que se envía a la sociedad. Cuando la toma de carreteras produce resultados y el cumplimiento de la ley parece opcional, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los gobiernos premian la presión y castigan la legalidad, el Estado de derecho deja de ser una regla compartida para convertirse en una recomendación selectiva.

La izquierda radical suele justificar estas prácticas bajo el argumento de la lucha social. Pero existe una diferencia fundamental entre la protesta legítima y la normalización de mecanismos que afectan sistemáticamente los derechos de terceros. Una democracia no puede sostenerse cuando la capacidad de bloquear carreteras o paralizar ciudades se convierte en la principal herramienta de negociación política.

La verdadera tragedia es que, mientras la discusión gira en torno a plazas, pensiones y movilizaciones, millones de estudiantes permanecen atrapados en sistemas educativos que no logran garantizar aprendizajes fundamentales. Las matemáticas no mejoran por decreto. La comprensión lectora no aumenta con bloqueos. La movilidad social no se construye mediante plantones indefinidos.

México necesita una nueva conversación sobre educación. Una donde el centro no sean los intereses corporativos ni las necesidades electorales de los gobiernos. Una donde el principal indicador de éxito sea el aprendizaje de los estudiantes y no la capacidad de presión de los grupos organizados.

Porque después de veinte años de conflicto permanente, los datos son contundentes: la estrategia de la confrontación perpetua ha producido mucho poder político, pero muy pocos resultados educativos y, cuando un modelo fracasa, seguir insistiendo en él deja de ser resistencia. Se convierte simplemente en obstinación.

- - -

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje AC

 X: @FhernandOziel

 Facebook: @haprendizaje