“Los efectos desestabilizadores de la informalidad trascienden a las personas y afectan a las empresas, los ingresos públicos y el funcionamiento adecuado de las instituciones y las políticas del mercado de trabajo”. OIT.

De acuerdo con los datos del INEGI aproximadamente el 55% de la población ocupada se desempeña en la economía informal. Dentro de las economías emergentes de similar nivel de desarrollo, México ocupa uno de los primeros lugares por el tamaño y contribución de la economía informal.

El tema ha sido muy frecuentemente diagnosticado y analizado, tanto como causa de otros fenómenos que afectan el desarrollo económico y como el efecto de un conjunto de fenómenos que caracterizan la propia estructura económica.

De acuerdo con las conclusiones de la Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social de la OCDE en América latina y el Caribe, la alta informalidad “aumenta la vulnerabilidad y ha impedido la consolidación de la clase media”; “la baja productividad, las competencias insuficientes, los incentivos débiles y marcos regulatorios deficientes” son elementos que fomentan la persistencia de la informalidad, siendo además un obstáculo para tener mercados laborales más equitativos y que propicien un crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo.

En otro estudio publicado por la OCDE, se destacó que, entre otros factores, la actividad informal tiene como incentivo el evitar reportar y asumir los costos fiscales, de las contribuciones a la seguridad social, los mecanismos y costos regulatorios y laborales y, otros múltiples costos directos e indirectos asociados con la regulación existente.

Por supuesto, la economía informal compone tanto el conjunto de actividades lícitas que se llevan a cabo fuera de los canales regulares de formalidad del empleo y del sistema financiero, como aquellas actividades ilícitas que por su propia naturaleza se mantienen en la oscuridad.

El alto nivel de informalidad en nuestro país es como en casi en todos los casos, un síntoma de condiciones estructurales existentes, pero a la vez un freno fundamental que limita la capacidad de crecimiento y as u vez incide en el efecto real del propio crecimiento económico formal en mejorar las condiciones de seguridad financiera para la mayoría de la población.

En nuestro país, existe evidencia que los programas que han intentado fomentar el tránsito de la economía informal a las formal, han tenido alcances muy limitados. En principio, resultaría evidente que los beneficios percibidos por los incentivos de dichas políticas son menores a los efectos negativos, también percibidos, por aquellos que desean o prefieren permanecer en la informalidad.

Existe una correlación entre el nivel de desarrollo financiero, con el tamaño y persistencia de la actividad económica e informal. En el estudio “Shrinking the shadow economy: Experimental insights into the role of financial development” de Goudarzi y Mittone, se concluye que aún a niveles similares de rentabilidad económica en las empresas, los bajos niveles de desarrollo financiero fomentan la informalidad, fundamentalmente como resultado de factores no económicos. Entre otros, se encontró que la percepción de incertidumbre y riesgo, así como la percepción de normas sociales incorrectas pero consideradas “aceptables”, tienen una influencia importante en el nivel de proclividad a mantenerse en la informalidad, por parte de los agentes económicos.

El estudio concluye también que, en países con mayores niveles de desarrollo financiero, particularmente aquellos que ofrecen condiciones de acceso al crédito más simplificado, las estructuras aparentemente favorables de la economía informal resultan menos atractivas, por lo que el tamaño y profundidad de esa economía, tiende a contraerse.

En nuestro país, pareciera que hemos abandonado la idea de mejorar la condición de formalidad de la economía, reconociendo la informalidad como parte dura estructural de la economía del país. Sin embargo, cualquier ejercicio que pretenda atender de manera efectiva la inequidad y la desigualdad, requiere crear condiciones efectivas que disminuyan los incentivos hacia la informalidad. De ahí la importancia que todas las acciones de política pública y desde el sector privado, se desarrollen iniciativas viables que de manera viable favorezcan el desarrollo del sistema financiero, porque ello es fundamental para abatir la informalidad y asegurar mejores condiciones de desarrollo económico y sostenible para la población.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. raul@martinezsolares.com.mx – síguelo en Twitter @martinezsolares