En San Luis Potosí hay preguntas que ya no caben debajo de la alfombra. El caso de Lizbeth Castro Dávalos, joven de 23 años que murió tras un accidente ocurrido el 2 de agosto en la carretera Villa Juárez–Cerritos, se ha convertido en algo mucho más grande que una investigación por homicidio culposo: es una prueba de estrés para la Fiscalía, las policías y, en general, para la capacidad del Estado de demostrar que la ley se aplica igual cuando el imputado es un ciudadano cualquiera que cuando es hijo de una diputada y de un regidor. Y aquí conviene ser muy claros: Raúl “N” tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse legalmente; lo que no puede tener es el privilegio de que las instituciones le construyan un camino procesal diferente al que tendría cualquier otro ciudadano.

La cronología explica buena parte de la indignación. Después del accidente, Lizbeth perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas. La Fiscalía recibió inicialmente un vehículo sin detenido y posteriormente confirmó que Raúl “N” tenía calidad de imputado. La familia denunció que no se le practicaron oportunamente pruebas toxicológicas y cuestionó que el supuesto conductor hubiera podido abandonar el hospital sin quedar sujeto a las diligencias correspondientes. También ha señalado presuntas irregularidades en los primeros peritajes y en la identificación de quien conducía. Todo esto son señalamientos que deben probarse, no sentencias anticipadas; pero precisamente por eso la autoridad tiene la obligación de despejar cada duda con evidencia, no con declaraciones.

Porque hay una pregunta particularmente incómoda: si realmente se investigaba desde el primer momento una posible conducción bajo los efectos del alcohol, ¿por qué no existe claridad pública sobre las pruebas que debieron realizarse inmediatamente? Si los exámenes se omitieron, hay que saber quién decidió omitirlos y por qué. Si se hicieron, deben aparecer en el expediente y sostenerse ante un juez. Y si alguien permitió que una diligencia fundamental no se realizara, la investigación no debería detenerse en el imputado del accidente: también tendría que alcanzar a quienes, desde la función pública, pudieron haber alterado, retrasado o debilitado la investigación. Ahí comienza la verdadera discusión sobre tráfico de influencias.

Después vino el amparo contra la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía y la suspensión que mantiene al imputado bajo resguardo domiciliario mientras se resuelve el procedimiento. Jurídicamente, el amparo es una herramienta constitucional y nadie debería cuestionar su existencia por razones políticas. El problema es otro: la justicia puede ser técnicamente legal y, al mismo tiempo, socialmente percibida como profundamente desigual. Cuando una familia observa que existen dudas sobre las primeras actuaciones, que el imputado no fue detenido en la escena y que posteriormente obtiene protección judicial, es perfectamente previsible que pregunte si recibió un trato que no habría recibido alguien sin conexiones políticas.

Y entonces aparece el factor que convierte un expediente penal en una crisis de gobernanza: los padres del imputado son funcionarios públicos. La diputada Leticia Vázquez y el regidor Raúl Reyes Tapia no son responsables automáticamente por los hechos atribuidos a su hijo, pero su posición obliga a extremar precauciones. Si además se confirma que hubo intervención de autoridades municipales, traslado en una ambulancia pública, presencia de elementos de seguridad para proteger a la familia o cualquier otra actuación fuera de protocolo, la pregunta deja de ser solamente quién provocó el accidente y pasa a ser quién utilizó el aparato público y para qué. Los vehículos oficiales, ambulancias, policías y recursos de seguridad no son patrimonio de una familia política: son bienes pagados por los ciudadanos.

Y aquí San Luis Potosí debería mirar más allá de Cerritos. La indignación social no nace solamente de este expediente; nace de años de una percepción peligrosísima: que la justicia suele ser mucho más rápida y contundente con quien no tiene influencias. El ciudadano común enfrenta una detención, una carpeta, un Ministerio Público y, en ocasiones, medidas cautelares severas; mientras que cuando el caso toca a alguien conectado con el poder, cualquier retraso, omisión o trato extraordinario se interpreta como privilegio. Esa comparación puede ser injusta en casos concretos, pero es responsabilidad de las instituciones evitar que siquiera parezca posible. La justicia no solamente debe ser imparcial; debe ser verificablemente imparcial.

Por eso el Gobierno estatal y la Fiscalía tienen una oportunidad enorme —y también una obligación—: abrir el expediente a la revisión pública dentro de los límites legales, explicar qué policías participaron, qué peritajes se realizaron, cuáles no, quién autorizó cada traslado, qué ocurrió en el hospital, cómo se determinó la situación jurídica del imputado y si existió alguna intervención indebida de servidores públicos. Si se acredita que alguien utilizó influencias para beneficiar al imputado, debe enfrentar consecuencias; pero si las acusaciones no se sostienen, también debe decirse con claridad. Lo peor sería permitir que el silencio institucional termine llenando los espacios que deberían ocupar las pruebas.

Porque al final esto ya no es solamente por Lizbeth, aunque todo debería comenzar por ella y por el derecho de su familia a obtener justicia. Es por todos los potosinos que alguna vez pueden encontrarse frente a un Ministerio Público, un policía, un juez o una autoridad. Es por la confianza de una sociedad que paga impuestos y espera que sus instituciones estén de su lado. Y si las patrullas, ambulancias o funcionarios públicos terminan utilizados para proteger a quienes tienen poder, mientras las colonias siguen esperando seguridad y las víctimas justicia, entonces el problema ya no es un accidente, es un Estado que corre el riesgo de convertirse en distinto para quienes tienen apellido, influencia o cargo.

Cuando una sociedad empieza a sospechar que el poder puede comprar tiempo, influencias o un trato distinto ante la justicia, el problema deja de ser un expediente y se convierte en una crisis de Estado. Y si la ley no es capaz de demostrar que puede mirar al poderoso con la misma firmeza con la que mira al ciudadano de a pie, entonces la pregunta ya no será quién murió aquella noche en Cerritos, sino cuánto de nuestra confianza en la justicia murió con Lizbeth.