Un juez federal ordenó garantizar la comunicación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con sus abogados y familiares, luego de que su defensa denunciara presuntas restricciones en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde permanece detenido por el caso Ayotzinapa.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, quien concedió una suspensión definitiva a favor del exmandatario.

Como parte de la medida, las autoridades del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1 deberán permitir el acceso de los abogados defensores a los locutorios para que puedan sostener reuniones privadas con Aguirre Rivero.

Asimismo, el fallo establece que deberán facilitarse las llamadas telefónicas del exgobernador con sus asesores jurídicos y garantizarse las visitas de sus familiares y allegados.

El juez dio a la dirección del centro penitenciario un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación de la resolución, para informar las acciones adoptadas con el propósito de cumplir con la suspensión.

Aguirre Rivero permanece en prisión preventiva oficiosa desde agosto del año pasado, después de ser vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

La Fiscalía General de la República sostiene que el exgobernador estuvo involucrado en la eliminación de pruebas relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante su administración, en el marco del caso Ayotzinapa.

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La suspensión definitiva se concentra en las condiciones de comunicación y contacto con su defensa y familiares mientras continúa el proceso judicial.