Durante el mes de diciembre fueron integradas 153 preliberaciones de personas privadas de la libertad (PPL) en San Luis Potosí, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, quien precisó que todas las personas beneficiadas cumplían con los requisitos legales para acceder a una liberación anticipada. El funcionario detalló que se trató exclusivamente de primo delincuentes, es decir, personas que no contaban con antecedentes penales previos, lo que representa uno de los criterios fundamentales establecidos en la ley para acceder a este beneficio, además del buen comportamiento y el cumplimiento de una parte sustancial de su sentencia. Juárez Hernández explicó que el procedimiento inicia desde la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con la Defensoría Pública, donde se analizan los perfiles de las personas candidatas y se integran los expedientes correspondientes para su valoración jurídica. Posteriormente, los casos son turnados al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con la participación del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CEAP), a fin de verificar que se cumplan todos los criterios técnicos, legales y de seguridad establecidos en la normativa vigente. El proceso concluye con una revisión exhaustiva por parte del Poder Judicial del Estado, instancia que emite el visto bueno final para otorgar la preliberación, lo que, de acuerdo con el secretario, se realiza mediante un trabajo responsable y coordinado entre las instituciones involucradas. Juárez señaló que se mantiene seguimiento puntual a las personas liberadas para detectar posibles reincidencias. Indicó que las estadísticas de los últimos cuatro años reflejan que menos del 10% de quienes han obtenido una liberación anticipada han reincidido, cifra que calificó como baja, aun considerando que una parte de esta población enfrenta problemas de consumo de sustancias.