Por segunda ocasión en el año, ingresará al Congreso local una propuesta de reforma al Poder Judicial, pero de acuerdo con la diputada Claudia Díaz Gayou –impulsora de la iniciativa– esta se encontrará alineada con la reforma que fue aprobada a nivel federal.  Durante una rueda de prensa, la diputada señaló que esta sería la tercera vez que ingresa una iniciativa por parte de la bancada de la Cuarta Transformación; sin embargo, las dos iniciativas pasadas fueron presentadas en 2025 y debido a que se quedaron “congeladas”, se encuentran desactualizadas.  “Las dos iniciativas presentadas de la 4T en el 2025, ustedes recordarán que fueron acumuladas y dictaminadas en Comisiones Unidas el año pasado y el cual, pues ya hay un dictamen en espera para poder ser subido a pleno y en su caso, aprobado o rechazado. Por tanto, ya agotaron el procedimiento a estas iniciativas”, mencionó.

A su vez, la diputada apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo “pone en duda a la falta de los elementos legales dentro de la ley orgánica en la Legislatura”. La diputada detalló que su iniciativa propone que quede regulada a base de lo que señala en la Constitución y que el proceso electoral quede definido constitucionalmente.  Su crítica es que en la propuesta del Poder Ejecutivo incorpora el procedimiento dentro de leyes secundarias, lo que de acuerdo con su declaración, eso permitirá que se puedan hacer modificaciones sin previo aviso. “Reformar la Constitución requiere la mayoría de 25 votos y la aprobación de 12 ayuntamientos, mientras que reformar una ley secundaria se puede hace con solo 13 votos”, explicó. “Hoy no tenemos que ser omisos de lo que dice la ley, de lo que se debe de armonizar y lo que debe de llevar nuestra reforma en el estado de Querétaro, porque ahí es donde está la clave para estar fortaleciendo nuestra participación ciudadana, nuestra democracia y el fortalecimiento de estas leyes”, agregó.  En su propuesta plantea la elección de 13 magistrados; que las especificaciones de la Reforma queden reflejadas en la Constitución; y que se le imponga restricciones de participación a diversos funcionarios como Gobernador, legisladores, integrantes de ayuntamiento, secretario del Poder Ejecutivo, Fiscal Anticorrupción; entre otros.