La independencia judicial en México se encuentra en riesgo, así lo asegura un estudio llevado a cabo en 15 países por parte del Vance Center for International Justicie del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, así como la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.  De acuerdo con este análisis, México está dentro de los territorios en los que no hay un respeto de la autonomía del Poder Judicial, lo cual queda evidenciado por los constantes ataques del Poder Ejecutivo a la judicatura federal, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados, ministros y jueces del país.  A esto se suma la reducción al presupuesto que se prevé ejecutar para este sector. Estos factores afectarían a la forma en la que se garantiza la justicia en el país, concluye este análisis.  En este documento se destaca que las acciones en contra del PJ por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador se derivan de decisiones que no coinciden con las del mandatario. Esto, dice el estudio, es una reacción contraria a lo esperado del Poder Ejecutivo en cuanto a sus obligaciones, las cuales deben centrarse en un respeto que fortalece a este órgano y no a buscar su control.  "Estas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales sin que el gobierno haya dado respuesta o tome con seriedad la gravedad de los ataques", dice un documento firmado por la BMA relatando estos hechos.  Además, sostiene que el desprestigio, las investigaciones administrativas contra estos funcionarios y los ataques son infundados y son característicos de regímenes autoritarios. La Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la jueza costarricense Adriana Orocú, manifiesta que, “ “es preocupante verificar en México reacciones y presiones en contra de la Judicatura Federal independiente; tenemos que tener claro que en democracia la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz. idónea e independiente. La FLAM está preocupada, alerta y proactiva para denunciar los ataques a juezas y jueces a nivel internacional ”. Según Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, “estos ataques buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno. Juezas y jueces que respondan a intereses más allá del derecho son cómodos para el gobierno, pero peligrosos para todas las personas que acuden a un juez en busca de justicia”. Agregó que “es fundamental que la comunidad jurídica nacional e internacional trabaje en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”. El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Oléa afirma que “El acceso a la justicia es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación. El ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del PJF no autoriza la violación de la independencia judicial y con ello la vulneración de derechos humanos”. Este diagnóstico también prende una alarma a nivel regional sobre el futuro del Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador ha señalado en repetidas ocasiones que es necesario recortar la cantidad de recursos con los que funciona la judicatura porque, según él, cuentan con una asignación excesiva y no cumplen con su mandato. Actualmente la Cámara de Diputados está discutiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024, y es fundamental que la judicatura federal pueda contar con los recursos solicitados de acuerdo con la justificación entregada por la ministra presidenta. Una reducción a la asignación presupuestal en un 32%, como se ha anunciado, afectaría gravemente el acceso a la justicia de miles de justiciables. Según los autores, este diagnóstico cobra especial relevancia de cara al próximo proceso electoral, en el que es fundamental que personas aspirantes a cargos de elección popular hagan un compromiso público por garantías de respeto a la independencia judicial, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, que fortalecen la democracia, la división de poderes y el Estado de derecho en México. Con información de El Heraldo de México.