A un año de la entrada en vigor del impuesto ambiental en San Luis Potosí, persiste opacidad en la recaudación y en el destino de los recursos. A pesar de que se han hecho solicitudes de información formales, “la autoridad no ha entregado información detallada, desagregada ni verificable”, comentó el presidente de la asociación Cambio de Ruta, Luis González Lozano. Añadió: “Sin transparencia, el impuesto se percibe como recaudatorio y no como ambiental”, y debido al debate que continúa generando en foros empresariales y sectores industriales, agregó que el impuesto ambiental sólo puede ser un motor de sostenibilidad y desarrollo si se vincula de manera directa, comprobable y evaluable a proyectos ambientales específicos en temas de aire, agua, restauración ecológica y mitigación de impactos. “Debe existir planeación, indicadores de resultados y rendición de cuentas periódica; de lo contrario, pierde su razón de ser ambiental…”, puntualizó. Sobre los incentivos fiscales que recientemente anunciaron las autoridades estatales para determinados sectores como empresas de nueva creación o por determinadas emisiones de bióxido de carbono (CO2), comentó que pueden ser positivos “sólo si son transparentes, temporales y condicionados a resultados ambientales verificables”, ya que, de lo contrario, existe “el riesgo de vaciar de contenido al impuesto y generar inequidades, premiando certificados sin impacto ambiental real”. El activista ambiental comentó: “No hay evidencia pública suficiente” que demuestre que el impuesto ecológico sea un real incentivo de prácticas sostenibles o de cambios en el ámbito empresarial. “Sin información sobre qué proyectos se financian, con qué montos y con qué resultados, no puede afirmarse que esté incentivando cambios reales en prácticas empresariales o mejoras ambientales medibles”, externó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente refirió que para este 2026, lo que se espera de dicho impuesto es “transparencia plena” y acceso a la información ambiental, así como reglas claras de aplicación y evaluación pública del impacto del impuesto; “sin eso, el conflicto social, jurídico y empresarial en torno al impuesto continuará, como ya se refleja en litigios y exigencias ciudadanas”.