El profesor de gobierno digital en la Universidad Panamericana, Alfredo Delgadillo, afirmó que la implementación de inteligencia artificial en el sector público no requiere necesariamente de nuevas leyes, sino de la aplicación efectiva del marco jurídico vigente. Durante una entrevista, el especialista subrayó que la tecnología debe ser considerada un medio y no un fin, siendo el bienestar de la población el objetivo primordial de cualquier administración.

Delgadillo señaló que, a diferencia del sector privado, el gobierno tiene la capacidad de ejercer un control real sobre las herramientas tecnológicas que utiliza. El experto advirtió sobre la dificultad de ejecutar sentencias contra grandes empresas tecnológicas globales, por lo que instó a las instituciones a desarrollar sus propios sistemas.

"Cuando el gobierno usa las tecnologías, la clave está en que desarrollen un sistema propio que pertenezca al propio gobierno, y hay unas propuestas en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial para que aquí sí se pueda regular."

Regulación y control en la administración pública

El académico recordó que el marco legal mexicano ya contempla mecanismos como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Estas normativas facultan a los ciudadanos para exigir la reparación del daño cuando la administración pública vulnera un derecho fundamental, lo que, a su juicio, demuestra que la regulación existente es suficiente si se realizan los ajustes necesarios.

Sobre el funcionamiento de los algoritmos, Delgadillo enfatizó que la clave para reducir la discriminación y mejorar la eficiencia radica en la precisión técnica y el enfoque humano. Para lograrlo, propuso la creación de equipos de trabajo donde los ingenieros colaboren estrechamente con expertos en derecho y administración pública.

"A mayor precisión del algoritmo, menos discriminación. Precisión para qué, porque los expertos en administración pública y en derecho administrativo y en gobierno, son los que entienden cuál es la función pública y que tiene que estar al servicio de la colectividad."

El especialista explicó que, al integrar los principios de derechos humanos en la programación, se establecen límites claros para el uso de estas herramientas. Esta colaboración multidisciplinaria es fundamental para asegurar que el desarrollo tecnológico esté alineado con el servicio a la colectividad y no dependa exclusivamente de criterios técnicos ajenos a la función pública.

Desafíos para las instituciones locales y la inteligencia artificial

Al ser cuestionado sobre las oportunidades para estados como Nayarit, Delgadillo reiteró su invitación a los tres poderes para que adopten sistemas de inteligencia artificial desarrollados internamente. El objetivo es que las instituciones mantengan el control de la información, especialmente en áreas sensibles como el Poder Judicial, evitando que los datos naveguen en entornos sin supervisión.

"Por favor, poderes de mi querida tierra, utilicen un sistema propio de inteligencia artificial, porque así van a cumplir con mayor facilidad con sus obligaciones y van a tener el ciudadano a sus servidores públicos al alcance de un solo clic."

El profesor concluyó que la adopción de estas herramientas propias permitirá a las instituciones locales garantizar una mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, acercando la administración pública a la ciudadanía mediante el uso responsable de la tecnología.

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Con información de El Heraldo de México