Después de la polémica a nivel nacional que ha surgido a partir de la ley reguladora de inteligencia artificial, se han establecido organismos de defensa de los derechos de libertad de expresión que ya han planteado sus inquietudes al Congreso del Estado, como la diputada local Gabriela Torres que sostiene que la normativa es ambigua, criminaliza la libertad de expresión y carece de rigor técnico.

La legisladora señaló como principal punto de alarma el que este tema legal aún inexplorado en gran parte del mundo sea condicionado penalmente en el estado: términos utilizados como “causar alarma social” han quedado ambiguos.

“Tendríamos que definir dentro de la propia legislación qué es causar alarma social, cosa que no se hizo. En este sentido, pues ahí no estamos siendo claros y no hay taxatividad de la ley. […] la carga de la prueba quedaría en quien realiza un trabajo periodístico de decirle a la autoridad y demostrarle por qué es un trabajo periodístico y por qué su intención no era causar alarma”, manifestó.

Respecto a la difusión ilícita de imágenes, tema que dio nacimiento a dicha ley a partir de la viralización de un video amenazador por un aparente grupo delictivo, ha sido otro factor a analizar, pues Torres aseguró que en un afán de resolver de manera rápida, no se legisló conforme a los derechos humanos de quién iba a afectar esta iniciativa.

“La difusión de contenido ilícito en materia sexual tiene que tener una relación muy amplia, pero también muy clara para poder sancionar a quien difunda, crea, posea contenido íntimo sexual de una persona que sea real o creado a partir de inteligencia artificial”, añadió la diputada de Morena como un punto en el que deberían concentrarse los esfuerzos.

Para corregir la reforma aprobada, Gabriela Torres propone regresar el artículo 187 a su estado original, con respecto a la difusión ilícita de imágenes, grabaciones o contenidos de texto, para a partir de ahí, generar una discusión sobre los problemas que causa el uso de la inteligencia artificial en materia de intimidad sexual.

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Busca también derogar el capítulo de "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social" por los términos ambiguos que pueden ser problemáticos, y que se implementen mesas de trabajo previas con expertos.