La situación política en Guatemala es cada vez más complicada, ante el constante golpeteo que enfrenta el gobierno electo de Bernardo Arévalo y las preocupaciones en torno a su eventual toma de posesión, el 14 de enero de 2024 La situación política en Guatemala es cada vez más complicada, ante el constante golpeteo que enfrenta el gobierno electo de Bernardo Arévalo y las preocupaciones en torno a su eventual toma de posesión, el 14 de enero de 2024. En alguna medida es como el anuncio de una crisis anunciada. De hecho, el propio Arévalo ha denunciado que está en marcha un "golpe de estado" en su contra, a partir de un sistema judicial aliado a grupos tradicionales de poder que hubieran preferido el triunfo de Sandra Torres, candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y ex primera dama del país –que por su parte denunció fraude electoral–. El Poder Judicial de Guatemala ha sido considerado como la "punta de lanza" de intereses diversos, en especial empresariales, y varios de sus integrantes, en particular la Fiscal General Consuelo Porras y el fiscal electoral Rafael Curruchiche, han sido acusados como actores principales del presunto golpe. Electo el pasado 20 de agosto al frente de una fórmula apoyada por el partido Semilla y sobre una plataforma anticorrupción, Arévalo ha enfrentado la constante actividad del Poder Judicial. La fiscalía disolvió el partido Semilla tras afirmar que encontró falsificaciones entre los firmantes de sus actas de registro como partido y lo disolvió el 26 de agosto, el mismo día en que se confirmaba la victoria de Arévalo. El problema es tal que el gobierno estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Democracias (CoD) han expresado dudas sobre las posibilidades de que Arévalo tome posesión y pedido al presidente Alejandro Giammatti que intervenga para apoyar la transición y se respete la voluntad del pueblo guatemalteco. Arévalo es de hecho un elemento disruptor para una oligarquía que logró entre otras cosas la expulsión y disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que entre 2006 y 2019 desarrolló una serie de casos contra entes o individuos acusados de corrupción y llegó a lograr la dimisión del presidente Otto Perez Molina, en 2015 y el proceso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero el convenio para renovar el mandato de la CICIG no fue renovado en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, acusado a su vez de irregularidades electorales. “Urgimos a las autoridades guatemaltecas a mantener los valores y principios reflejados en la Declaración de Varsovia y la Carta Democrática Interamericana, documentos a los que Guatemala ha manifestado su adhesión, eviten intentos de revertir el resultado de las elecciones legítimas y garanticen y respeten el proceso de transición presidencial”, indicó un texto firmado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, y Thomas Garrett, secretario de la CoD (compuesto por 25 gobiernos de varios continentes). En Guatemala se teme que el periodo de Navidad y Año Nuevo sea un momento crítico. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS