Guanajuato se perfila como uno de los estados más afectados por las cuotas compensatorias provisionales impuestas por Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de fresa de invierno, una medida que comenzó a aplicarse de inmediato y que podría impactar a productores y empresas agroindustriales de la entidad. El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) estableció cuotas de entre 3.37% y 5.28% por presunto dumping, mientras que el estado exporta anualmente alrededor de 28 millones de dólares en derivados de este fruto, equivalentes a más de 13 mil 700 toneladas. El impacto se concentra especialmente en Irapuato, municipio que representa 76.1% de las exportaciones estatales de fresa, con envíos superiores a 21 millones de dólares, principalmente hacia Estados Unidos. En la zona, alrededor de una decena de empresas agroindustriales dedicadas al empaque generan empleos para más de mil familias, por lo que el incremento arancelario representa una presión inmediata para toda la cadena productiva. Otras regiones del Bajío, como Jerécuaro, también podrían resentir los efectos de la medida. Ante la resolución, el Gobierno de México cuestionó los argumentos utilizados por las autoridades estadounidenses y señaló contradicciones dentro del propio proceso. La Secretaría de Economía recordó que en marzo de 2026 la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) concluyó preliminarmente que no había bases técnicas para considerar a las llamadas “fresas de invierno” como un producto diferenciado. México también sostiene que la determinación del DOC contraviene disposiciones del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y del T-MEC. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H La disputa amenaza a un sector integrado por cerca de 5 mil productores mexicanos, 97% de ellos pequeños y medianos, del que dependen más de 151 mil trabajadores agrícolas. En 2025, México exportó a Estados Unidos alrededor de 263 mil toneladas de fresa, con un valor cercano a mil millones de dólares. El Gobierno mexicano dará seguimiento al procedimiento junto con los productores, mientras que la resolución definitiva del caso está prevista para principios de 2027. Con información de Periódico El Correo