En un acto más de agravio e indolencia, el gobierno municipal de León, Guanajuato, pospuso en la madrugada de hoy lunes 21 de agosto de 2023, la disculpa pública que tenía previsto dar a las mujeres que fueron violentadas por elementos policiacos durante una manifestación pacífica contra la violencia de género que realizaron hace tres años, el 22 de agosto de 2020. En un comunicado de prensa Amnistía Internacional manifestó su profunda indignación por la decisión del gobierno municipal, tomada luego de tres largos años de conversaciones en los que se gestionó y acordó la realización y términos de la disculpa pública. La cancelación se suma a la cadena de agravios padecidos por las mujeres de León que vieron violentados sus derechos de reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. “Las autoridades informaron a Amnistía Internacional de la cancelación del acto a la media noche del domingo, pero no lo hicieron con las víctimas que son las principales interesadas en este proceso. Esta falta de tacto es un acto más de violencia institucional que se suma a la cadena de violaciones de derechos humanos que han padecido las mujeres y que las revictimiza”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional. “En el encuentro con la presidenta municipal de esta mañana, la funcionaria reconoció la falta de pericia del gobierno para trabajar con las víctimas. Desde Amnistía Internacional recordamos a las autoridades que es su deber y obligación buscar y hablar con todas las mujeres que fueron víctimas de la represión del 22 de agosto de 2020 y que son éstas las que deben decidir si desean la disculpa pública y los términos de la misma”, precisó Edith Olivares Ferreto. “Recordamos a las autoridades que estamos ante un tema muy grave. Las mujeres sufrieron violencia física que constituye uso excesivo de la fuerza y fueron violentadas sexualmente por agentes policiales. Le recordamos a la autoridad que la violencia sexual efectuada por agentes del Estado es tortura sexual. Además, las mujeres estuvieron incomunicadas y temieron ser desaparecidas”, advirtió Edith Olivares. “Amnistía Internacional seguirá acompañando a las mujeres víctimas de la represión policial y reconoce el tiempo, recursos y su gran resistencia para sobreponerse a las consecuencias de la represión y mantenerse en la lucha para que los hechos que ellas sufrieron no se repitan para ninguna mujer más”, concluyó Edith Olivares Ferreto. La disculpa pública, forma parte de la reparación integral del daño a que tienen derecho las víctimas, luego de que se violentó su derecho de reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. Es importante señalar que en este caso aún queda pendiente efectuar una correcta investigación de los hechos para que puedan acceder a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición. Cabe referir que el 8 de marzo de 2021, el gobierno municipal de León, presidido por Héctor López Santillana, ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2020. Sin embargo, ésta no fue concertada con las mujeres víctimas de las violaciones de derechos humanos y por lo tanto no fue satisfactoria para ellas. En este sentido, un proceso de construcción de disculpa pública debe poner en el centro a las víctimas. Son éstas las que establecen los términos en los que la disculpa se debe dar, conforme a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha emitido al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En el proceso que nos ocupa Amnistía Internacional fungió como facilitadora. El caso lo documentó Amnistía Internacional en su informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan. Además de lo ocurrido en Guanajuato, el informe analiza la forma en que autoridades mexicanas reprimieron las manifestaciones pacíficas de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género en 2020 en otros cuatro estados: Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México. Amnistía Internacional pudo establecer que al menos nueve de las 23 detenciones realizadas ese día fueron arbitrarias, ocho de ellas contra mujeres. Estas personas no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a las personas detenidas, no les indicaron los motivos de la detención, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención.

Varias detenidas recibieron golpes, insultos y amenazas durante el traslado final hasta el lugar donde opera la delegación norte del Juzgado cívico, lugar conocido como Cepol Norte. Varias de las manifestantes expresaron que tuvieron temor de ser desaparecidas forzadamente después de haber sido detenidas por la policía. Esto porque la ruta que siguió la patrulla donde iban no fue directa a Cepol Norte, en donde opera la delegación norte del Juzgado cívico, sino que dio varias vueltas innecesarias por la ciudad. Además del trayecto que les pareció extraño e intimidante, otro factor que generó miedo entre las manifestantes y sus familiares, fue que estuvieron incomunicadas durante varias horas. Un juez cívico o juez de barandilla ordenó que se les permitiera llamar a sus familiares cerca de la media noche, más de tres horas después de su arresto. Amnistía Internacional documentó también que la policía efectuó las detenciones de manera arbitraria, con uso excesivo de la fuerza y ejercieron violencia sexual a mujeres menores de edad. La violencia sexual per se es una violación del derecho humano a la integridad personal, pero puede llegar a constituir tortura cuando se le usa con la intención de infligir sufrimiento o de castigar. Las autoridades mexicanas deben actuar con la debida diligencia en la investigación de estos casos, desde el primer momento en que tienen conocimiento de los mismos. Amnistía Internacional advierte en su informe que la violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia sexual, sigue siendo usada por las autoridades como una forma de inhibir el ejercicio del derecho de las mujeres a la reunión pacífica, como una táctica ilegítima y contraria al derecho internacional en relación con el manejo del orden público, y como un mecanismo aleccionador contra las mujeres por desafiar los estereotipos de género al salir del espacio privado para tomarse las calles.