El proceso administrativo contra los tres exfuncionarios municipales señalados por la tragedia del antro Rich ha entrado en una fase de incertidumbre jurídica. La contralora interna del Ayuntamiento de la capital, Gabriela López y López, confirmó que el cese e inhabilitación de estos servidores públicos se encuentra "en suspenso" debido a una impugnación presentada ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Fue en julio de 2025 cuando el gobierno municipal determinó el despido y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de tres integrantes del gabinete administrativo. Se les responsabiliza de graves omisiones en la vigilancia y regulación del establecimiento donde, el pasado 7 de junio de 2024, el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y dejó una decena de adolescentes heridos durante un evento que superaba el aforo permitido y carecía de medidas de seguridad. A pesar de la resolución inicial de la Contraloría, los implicados recurrieron al TEJA para revertir la sanción. López y López explicó que el tribunal ya notificó la apertura de una indagatoria, lo que congela la ejecución definitiva de las sanciones hasta que se dicte una sentencia firme. "El trámite pendiente en el tribunal mantiene en suspenso la resolución definitiva sobre los despidos, mientras continúan las comparecencias entre las partes involucradas a solicitud de la instancia administrativa", precisó la funcionaria. La resolución del TEJA sobre el caso Rich marcará un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la supervisión de giros de entretenimiento, mientras las familias de las víctimas exigen que los procesos administrativos no se diluyan en trámites burocráticos y se garantice la justicia tras dos años de la tragedia. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H