Para fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos del crimen organizado, personas servidoras públicas de dependencias estatales y municipales participaron en una capacitación especializada impartida por UNICEF México. La actividad fue dirigida a 103 personas servidoras públicas y se desarrolló en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sede Agua Azul. La jornada, convocada por la Mesa Estatal de Prevención de las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes, permitió ampliar los conocimientos y capacidades del personal para reconocer factores de riesgo, mejorar las acciones preventivas y promover entornos seguros que protejan a este sector de la población.

La capacitación estuvo a cargo de Juan Pablo Rodríguez, Especialista en Protección a la Infancia de UNICEF México, y contó con la participación de Santiago Herrera, Oficial Asociado de Protección a la Infancia de UNICEF México.  Yasmín Palos Rodríguez, Directora General del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones estatales y municipales para identificar oportunamente los riesgos, y construir respuestas preventivas que coloquen en el centro el bienestar de las infancias y adolescencias. Durante la capacitación se enfatizó que las niñas, niños y adolescentes involucrados por grupos delictivos deben ser reconocidos como víctimas de una grave vulneración de sus derechos, independientemente de las circunstancias en las que hayan sido captados o utilizados. Desde esta perspectiva, la actuación de las instituciones debe evitar su estigmatización o criminalización y concentrarse en su protección, atención integral, recuperación y restitución de derechos. La prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes requiere instituciones preparadas, comunidades atentas y entornos capaces de protegerlos, mientras que el fortalecimiento de estas capacidades permite actuar antes de que la violencia alcance sus vidas y garantizar que cada intervención institucional contribuya a recuperar su seguridad, sus derechos y su futuro.