El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que realizará un anuncio en Miami el miércoles, coincidiendo con una ceremonia en memoria de las víctimas de un incidente ocurrido en 1996 en el que aviones militares cubanos causaron la muerte de cuatro personas.

El gobierno de Donald Trump tiene previsto anunciar este miércoles cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, según un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense, en una medida que supondría un recrudecimiento de la campaña de presión de Washington sobre el Gobierno comunista de la isla caribeña.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los fiscales federales esperan hacer pública una acusación contra Castro, de 94 años, en Miami.

Castro era ministro de Defensa durante el incidente de 1996. El Gobierno cubano ha argumentado que el ataque fue una respuesta legítima a la intrusión de avionetas en el espacio aéreo cubano.

La acusación debería ser aprobada primero por un gran jurado.

El derribo que marcó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida.

En el ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, integrantes del grupo con sede en Miami que realizaba misiones de búsqueda de balseros cubanos y vuelos de protesta contra el gobierno de Fidel Castro. Un tercer avión logró escapar.

La principal controversia del incidente ha sido el lugar exacto donde fueron abatidas las aeronaves. El gobierno cubano sostuvo que las avionetas habían violado repetidamente su espacio aéreo y defendió la acción como una respuesta legítima a incursiones no autorizadas sobre La Habana.

Sin embargo, investigaciones de organismos internacionales y autoridades estadounidenses concluyeron que las aeronaves fueron destruidas en espacio aéreo internacional, lo que provocó una condena del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El derribo provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Washington y La Habana desde el fin de la Guerra Fría y aceleró la aprobación de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo estadounidense contra Cuba.

Treinta años después, el caso volvió al centro de la agenda política tras la reapertura de investigaciones en Florida y la aparición de grabaciones atribuidas a Raúl Castro en las que presuntamente reconoce haber ordenado que las avionetas fueran derribadas “en el mar”.

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Con información de Excélsior