El caso del desalojo de Don Juan Ramírez López ha escalado drásticamente. Lo que inició como una disputa familiar y legal por la propiedad de un inmueble en Puerto Vallarta, se ha convertido en un escenario de tensión, movilizaciones ciudadanas y amenazas directas. La tarde de este miércoles, la Dra. Ihara Rodríguez —nieta de Don Juan y presuntamente involucrada en el desalojo—, denunció haber recibido una corona de flores en la puerta de su domicilio. El arreglo fúnebre llevaba la leyenda: "Descanse en paz, Dra. Ihara Maday". A través de un video difundido en redes sociales, visiblemente angustiada y entre lágrimas, la doctora expresó su temor por su integridad física y su vida. Señaló que el linchamiento mediático derivado del caso ha escalado hasta amenazas de muerte.

"Me van a terminar matando, ya saben dónde vivo [...] Solo pido ser escuchadas antes de ser condenadas y que ninguna mujer tenga que vivir con miedo por una narrativa construida sin conocer toda la historia," expresó. Horas antes de la denuncia de la Dra. Rodríguez, un grupo de ciudadanos realizaron una marcha pacífica para mostrar su solidaridad con Don Juan. El contingente partió desde la Unidad Municipal Administrativa (UMA), en la colonia Portales, y avanzó hasta las instalaciones de la Vicefiscalía, en la colonia Parque Las Palmas, para exigir que se esclarezcan los hechos. Don Juan, de 85 años y con graves problemas de movilidad que lo obligan a usar andadera y silla de ruedas, sostiene que fue víctima de un engaño. Afirma que, aprovechando su condición médica, delegó ciertos trámites a su hija, su yerno y su nieta, quienes presuntamente lo hicieron firmar documentos oficiales sin explicarle su contenido. "Yo nunca supe qué era lo que estaba firmando [...] Esta casa, con mucho esfuerzo, mi esposa y yo en 50 años fuimos pegando ladrillo tras ladrillo para nuestra vejez. Me traicionaron, me robaron mi casa," declaró el afectado, quien ya ha acudido a las autoridades ministeriales.

Ante el incremento de la presión social y el acoso digital, la Dra. Rodríguez pidió que el caso no sea utilizado por terceros con intereses ajenos a la familia. Solicitó públicamente que las autoridades investiguen por las vías correspondientes y que la sociedad permita que el proceso se desahogue en los juzgados, garantizando la presunción de inocencia y evitando más agresiones. Mientras el caso continúa sumando muestras de solidaridad civil y el repudio generalizado en plataformas digitales, la resolución del patrimonio de Don Juan permanece en manos del marco legal y las autoridades de Jalisco.