Lo que en abril era un escenario sin denuncias formales, hoy se ha convertido en al menos tres expedientes bajo análisis por parte de la autoridad electoral. La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, confirmó que actualmente existen tres denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2027.

Apenas en abril, la propia titular del organismo electoral señalaba que no se había recibido ninguna denuncia formal pese a los señalamientos y acusaciones públicas que ya comenzaban a surgir entre distintos actores políticos. Sin embargo, en cuestión de semanas el panorama cambió y el Ceepac ya investiga dos denuncias presentadas directamente ante el organismo, además de un tercer expediente que fue remitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) al tratarse de un asunto de competencia local.

Las denuncias corresponden a hechos ocurridos en la zona metropolitana y en la región Huasteca, aunque la autoridad electoral evitó revelar la identidad de las personas involucradas. En el tercer caso enviado por el INE, el expediente está relacionado con una denuncia contra el empresario por presuntos actos anticipados de campaña derivados de una promoción que incluía la rifa de boletos para la Copa Mundial de Futbol.

Paloma Blanco señaló que los tres asuntos continúan en etapa de análisis y que el organismo no dará a conocer mayores detalles mientras las investigaciones permanezcan abiertas. Explicó que cualquier determinación deberá sustentarse en las pruebas recabadas y en los procedimientos establecidos por la legislación electoral.

La consejera presidenta indicó que las consecuencias por posibles infracciones varían dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y de la etapa del proceso electoral en la que ocurran los hechos denunciados. Por ello, precisó que aún es prematuro anticipar el sentido de las resoluciones que eventualmente pudiera emitir la autoridad electoral.

No obstante, recordó que la legislación contempla sanciones que pueden ir desde medidas administrativas hasta consecuencias más severas. Entre ellas se encuentra la negativa de registro para personas que aparezcan en los padrones de deudores alimentarios morosos o de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como para quienes cuenten con inhabilitaciones vigentes o antecedentes derivados de infracciones penales o electorales.

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