Las elecciones del domingo ocupan la atención de los mexicanos, y puede afirmarse también que de muchos en Estados Unidos. En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo, el senador Marco Rubio, un republicano de Florida que presidía entonces el subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, indicó que a su país no le preocupaba tanto la ideología del nuevo mandatario mexicano, porque podrían colaborar con él, siempre y cuando el gobernante recordara que para ser exitoso debía tener en consideración los intereses estadounidenses. Es un poco la verdad de Perogrullo: la vecindad y la integración socio-económica de los dos países, los obliga a mantener una relación cooperativa y cercana. La seguridad de uno depende del otro, mucho más que lo que gobiernos con tintes nacionalistas desearían. La estabilidad de México, primordial para su vecino del norte y viceversa. Las relaciones bilaterales durante los últimos cinco años no fueron malas, aunque marcadas por los problemas paralelos de migración y narcotráfico, convertidos en el eje del debate de las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. Pero tampoco fueron buenas. Con la seguridad de la frontera con México como preocupación del cuerpo político estadounidense, nada tiene de raro que esta vez las elecciones mexicanas acaparen la atención de especialistas y medios, que para bien o para mal, ven un país con una crisis caleidoscópica. Legisladores estadounidenses se han hecho eco de afirmaciones de que el gobierno mexicano ha sido penetrado por los cárteles del narcotráfico, convertidos además en participantes de delitos como el tráfico de personas y de combustibles, para plantear incluso la posibilidad de combates militares conjuntos a los traficantes en territorio mexicano. La idea de que el gobierno mexicano puede regular el paso de migrantes hacia EU ha sido señalado como una palanca política de López Obrador sobre el gobierno de Joe Biden. Las posiciones del gobierno mexicano sobre comercio internacional y energía se han convertido, desde el punto de vista estadounidense, en limitantes a las inversiones externas y muy en específico para el nearshoring, las propuestas de reinstalar en México –por su cercanía y ventajas logísticas– plantas industriales que salen de China en el marco de la guerra comercial entre las dos potencias. Hay una serie de diferendos (inversión externa en electricidad, la prohibición mexicana de importaciones de maíz genéticamente alterado, los contenidos de productos fabricados en México) que están sujetos ahora a la decisión de paneles de arreglo del T-MEC, que será revisado para su continuación o terminación en 2026. Más allá, 10% de la población estadounidense es de origen mexicano, el comercio bilateral rebasa ya con mucho los 600 mil millones de dólares anuales, y a querer o no la geopolítica, la economía, contribuyen a complicar la vecindad y a llamar la atención sobre las elecciones del domingo. POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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