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Organizaciones y expertos consideraron que mantener juntas las elecciones políticas con las judiciales desvirtuará ambos procesos
01:50 sábado 25 abril, 2026
México
Las elecciones del 2027 impondrán un récord en el número de puestos de elección popular a definir por los ciudadanos, pues estarán en juego al menos 18 mil 930 plazas, de las cuales tres mil 800 serán de jueces federales y estatales; 500 diputados federales, 17 gobernadores, mil 98 diputados estatales y 13 mil 515 regidores y síndicos de 30 de las 32 entidades federativas.
Riesgo de politización en procesos judiciales
Desde el Senado, al participar en el foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México, organizaciones y expertos consideraron que mantener juntas las elecciones políticas con las judiciales desvirtuará ambos procesos y es posible que las campañas electorales de los partidos políticos influyan en las elecciones judiciales.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, negó que la concurrencia de los procesos electorales disminuya el gasto de este órgano administrativo, sino que, por el contrario, lo duplica, de manera que el costo de los comicios de 2027, donde coincide la elección de juzgadores y de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, puede ascender a 15 mil millones de pesos.
La proyección que podríamos estar pensando justo, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, precisó.
Rita Bell López Vences agregó que entre los desafíos que enfrentan, tanto el INE como los órganos locales con la concurrencia de elecciones, también está el manejo de documentación, particularmente la impresión y almacenamiento de las boletas electorales, lo cual, aseguró, tiene un alto margen de seguridad y no cualquiera puede encargarse de ello.
Desglose de cargos en disputa
Susana Gabriela Camacho Maciel, de la organización México Evalúa, informó que la estimación que han hecho sobre el número de cargos de jueces federales y estatales para el próximo año es de tres mil 800 plazas.
Con base en la información de las 32 entidades federativas que tendrán comicios el próximo año se someterán a elección 14 mil 630 puestos de elección popular estatales, de los cuales 17 son para gubernatura, mil 98 para diputados estatales en las 32 entidades federativas y 13 mil 515 presidentes municipales, regidores y síndicos de mil 800 municipios de 30 de las 32 entidades federativas.
Veracruz y Durango sólo tendrán elección para la renovación de sus Congresos estatales. Además, se someterá a votación la renovación del pleno de la Cámara de Diputados, que implica 500 diputados federales.
Así, el total de puestos de elección popular a definir en las urnas en 2027 llega a 18 mil 930 plazas federales, estatales y municipales, incluidos los juzgados federales y estatales.
Propuestas de aplazamiento y operatividad
Por eso, ayer académicos, juzgadores e integrantes de organizaciones civiles expusieron la conveniencia de que la elección de juzgadores de 2027 se traslade a 2028, a fin de mejorar la participación ciudadana, contar con aspirantes adecuados e impedir que se afecte la capacidad de organización del Instituto Nacional Electoral, pues será concurrente con el proceso electoral de legisladores, gobernadores y alcaldes.
Jorge Peñúñuri Pantoja, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que el proceso electoral de las personas juzgadoras implicó una gran carga cognitiva para el electorado al ponerlo frente a múltiples boletas y cargos desconocidos, además de que hubo saturación operativa en casillas con tiempos extendidos de votación y filas prolongadas, algo que debe evitarse en la próxima elección.
El investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rafael Estrada Michel, propuso a las y los legisladores replantear la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración de Justicia, con el objeto de que vigilen el cumplimiento de los principios constitucionales por parte de los jueces y eviten que sus decisiones sólo “busquen popularidad”.
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Con información de Excélsior