Falta menos de un año para las elecciones de 2027 y el principal árbitro electoral está bajo fuego. En términos futbolísticos, todavía no llegamos a la final y el hombre del silbato es severamente cuestionado por las acciones previas al encuentro, pero sobre todo por sus “omisiones”. Sin embargo, el oficial de campo se defiende con el reglamento en la mano y advierte que no puede hacer algo que está fuera de su alcance y mucho menos algo que no está previsto en la norma. Eso es exactamente lo que está pasando con el INE, que preside Guadalupe Taddei: enfrenta una embestida que viene de adentro y de afuera, y busca defenderse con las armas que le da la ley. Tiene dos frentes abiertos que hoy dominan el debate y dicen mucho sobre la salud institucional del organismo rumbo a 2027. El primero: la conformación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, por la que un grupo de consejeros, encabezado por Carla Humphrey, exige que se instale de inmediato y se nombre a su titular. Sin embargo, desde la presidencia del INE responden que tienen mes y medio para hacerlo y todavía no hay materia para trabajar, porque el proceso electoral 2027 arranca formalmente el 7 de septiembre y hasta después de esa fecha se conocerán los nombres oficiales de las y los candidatos. Hay un calendario y hasta entonces podrían empezar a recibir quejas sobre perfiles que no se consideren idóneos. Pero hay algo más detrás de esta grilla, según se comenta en el edificio de Viaducto Tlalpan: algunos consejeros quieren su presidencia.

Hay quienes ya encabezan hasta cuatro -y quieren más-, algo que la ley no permite. Como sea, el tema seguirá dando de qué hablar, porque varios actores políticos consideran a esa comisión como una de las principales aduanas para quienes busquen una candidatura el próximo año. El segundo frente es la presunta inacción del INE frente a los actos anticipados de campaña en el proceso interno de Morena, PT y PVEM. Hay testimonios y evidencias, pero desde el instituto advierten que en procesos estatales son los Organismos Públicos Locales Electorales los que deben actuar primero: recibir quejas, analizarlas y, de ser necesario, dar vista a otras instancias. El consejero Arturo Castillo presentó un listado de lineamientos para prevenir y sancionar esas conductas, pero su propuesta fue rechazada por una razón de fondo: el INE no puede legislar. Esa es tarea del Congreso de la Unión, que en la pasada reforma electoral hizo caso omiso del tema y dejó una laguna legal que hoy nadie sabe cómo cerrar. La postura de Taddei es clara: la elección de 2027 cuenta con un marco constitucional, legal y jurisprudencial, por lo que la ausencia de nuevos lineamientos no implica vacío normativo. El INE, insisten, está obligado a actuar con legalidad, debido proceso, imparcialidad y proporcionalidad. De esa forma, queda claro que el árbitro tiene el reglamento en la mano. El problema es que hay lagunas que nadie quiso cerrar cuando tuvo la oportunidad y eso podría costarle muy caro a la democracia mexicana. *** EN SU DEBUT, los representantes del Partido Somos México hablaron de rescatar la democracia, reconstruir las instituciones y recuperar al país. Lo único que faltó decir fue: “somos los mismos de siempre”. El proyecto está encabezado por Guadalupe Acosta, histórico dirigente del PRD; Edmundo Jacobo, ex secretario del INE; y María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral, entre otros. La experiencia nunca estorba, pero cuesta vender como renovación un proyecto integrado por algunos de los protagonistas del sistema político-electoral de las últimas dos décadas.

*** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Una institución que se pelea consigo misma no puede defender a nadie más”. POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO