El caso de Ernesto Ruffo está atrapado en un falso dilema: o hay pruebas en su contra o es una persecución política. El oficialismo apela a la carpeta de investigación para negar el uso faccioso de las instituciones de justicia, como si sustentar una acusación fuera sinónimo de que la justicia está ejerciéndose imparcialmente. La oposición denuncia el uso faccioso para desentenderse de las imputaciones, como si la aplicación selectiva de la justicia sólo pudiera afectar a personas inocentes.

No es así. La arbitrariedad puede consistir en fabricar delitos que no ocurrieron; pero también en escoger políticamente, entre los que sí ocurrieron, cuáles se persiguen y cuáles no. En el primer escenario, el Estado abusa de su poder tergiversando la realidad; en el segundo, decidiendo contra quién deja caer toda su fuerza y a quién favorece con negligencia, demoras o impunidad.

La oposición hace trampa al convertir la biografía de Ruffo en fuero simbólico. Haber sido el primer gobernador de oposición tras sesenta años de hegemonía priista le da un lugar indiscutible en la transición, no inmunidad penal. Llamarlo “preso político” es un recurso retórico para blindarlo en nombre de su victoria democrática en 1989 y evitar el escrutinio de sus actos varias décadas después.

El oficialismo incurre en otra trampa al presentar el caso como prueba de que nadie está por encima de la ley, como si la severidad con la que persigue a un opositor demostrara que se procura justicia sin distingos. La duda es doble: por un lado, si los elementos presentados por la FGR realmente sostienen la acusación contra Ruffo; por el otro, por qué el Estado mexicano se muestra tan implacable frente a un personaje opositor y tan indulgente con miembros de la coalición en el poder –como Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López o Marina del Pilar Ávila–. El contraste despierta mucha suspicacia sobre los motivos de un trato tan disparejo.

No son, sin embargo, trampas equivalentes: la de la oposición es argumentativa; la del oficialismo se apoya en la captura política del sistema de justicia.

Además, Ruffo no agota el caso. La causa suma ocho personas vinculadas y veinticinco órdenes de aprehensión, algunas contra servidores públicos cuya identidad no se ha dado a conocer. Según la FGR, el esquema consistía en declarar un volumen menor al transportado o un producto distinto del que ingresaba al país. Una operación así obliga a investigar a quienes la ejecutaron, pero también qué omisiones o complicidades la hicieron posible y hasta dónde llegaron: dentro, fuera y arriba de la aduana. El arresto espectacular de Ruffo puede ser apenas el principio o, convenientemente, el punto donde termina el escándalo.

Hay que escapar del falso dilema. Pueden existir, al mismo tiempo, conducta ilícita y lucro político. Cuando hay indicios de un delito, el problema no es que el poder investigue a sus adversarios: es que proteja a sus aliados en lugar de investigarlos.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg