Autoridades fiscales, aduaneras y de la Defensa detectaron entre 2020 y 2021 el esquema que permitió introducir al mercado mexicano, desde Estados Unidos, millones de litros de gasolina y diésel presentados de manera fraudulenta, como si fueran aceites y lubricantes, en una práctica conocida como huachicol fiscal. Las primeras investigaciones federales apuntaron hacia 21 aduanas y a una posible red de corrupción dentro de los puntos de entrada al país, destacando los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas. El huachicol fiscal no apareció de la noche a la mañana: tardó años en configurarse. Desde 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19 y con la economía paralizada, la importación de supuestos aceites, lubricantes y aditivos se disparó a niveles sin precedentes, lo que encendió las alertas en distintas instancias gubernamentales. Las autoridades comenzaron a detectar señales de operaciones a gran escala para introducir hidrocarburos al país evadiendo el pago de impuestos clave, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Documentos y análisis del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y organismos de seguridad federal revelaron un patrón de conducta que se gestó tras la reforma energética del Pacto por México de 2013. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), impulsadas a partir de la incautación en Altamira, Tamaulipas, de los buques de bandera de Singapur Challenge Procyon y Nord Supreme el 19 de marzo de 2025, el fenómeno del huachicol fiscal se incrementó a partir de la reforma de 2013-2016, cuando se liberó la importación de petrolíferos a particulares y Pemex perdió el control exclusivo de la comercialización. Fue en ese escenario cuando grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aprovecharon los cambios legales en la supervisión aduanal para ingresar combustible eludiendo el pago de contribuciones. Las estadísticas analizadas por los investigadores de la FGR demuestran que entre 2019 y 2020 las importaciones de este tipo de productos rondaban entre 3 mil y 5 mil 500 millones de litros anuales. Sin embargo, el comportamiento cambió de forma drástica: para el periodo 2021-2022, los registros alcanzaron entre 14 mil 700 y 18 mil 200 millones de litros. Este diferencial significó la entrada de alrededor de 27 mil millones de litros adicionales, una cifra calificada por los peritos como un “volumen descomunal”. Las indagatorias tardaron años en dilucidar el destino de semejante cantidad de supuestos lubricantes, sobre todo en un momento en que la actividad industrial permanecía semiinmovilizada por la contingencia sanitaria. Para los analistas del SAT, las cifras no cuadraban. La revisión in situ confirmó la sospecha: los cargamentos declarados como “lubricantes” eran en realidad gasolinas y diésel que ingresaban de contrabando. Los reportes de 2021 estimaron que el combustible introducido bajo esta modalidad llegó a representar hasta 30% de la demanda nacional, demostrando que no se trataba de un fenómeno marginal, sino de una estructura capaz de alterar el mercado energético del país. Las investigaciones de 2021 y 2022 identificaron a la aduana marítima de Tampico como el nodo central del esquema en el Golfo de México para recibir combustible procedente de refinerías en Texas. Posteriormente, las autoridades detectaron patrones idénticos en al menos 21 aduanas repartidas en 13 estados, incluyendo recintos fronterizos y marítimos en Veracruz, Colima, Michoacán, Sinaloa y Sonora. La dispersión geográfica confirmó que no se trataba de hechos aislados, sino de un mecanismo articulado a escala nacional. A partir de marzo de 2025, cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo público el problema, se conoció oficialmente la existencia de correos electrónicos y minutas intercambiados desde 2020 y 2021 entre el SAT, la ANAM, la Defensa y la Marina, donde ya se advertía sobre la manipulación en aduanas. Entre las irregularidades documentadas figuraban la alteración de muestras de laboratorio para encubrir la naturaleza química de los fletes y la cooptación de personal aduanero. La FGR integró también a la carpeta los expedientes revelados por la filtración masiva de Guacamaya Leaks en septiembre de 2022, donde informes confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional detallaban el modus operandi del huachicol fiscal. El análisis técnico que fundamenta la investigación de la FGR concluye que las bases operativas del huachicol fiscal se asentaron a partir de las reformas constitucionales y legislativas del periodo 2013-2016, en el marco del llamado Pacto por México. Al desmantelar el monopolio estatal que Pemex ejercía sobre la producción, importación, almacenamiento y distribución de gasolinas y diésel, se diseñó un nuevo entramado legal que abrió toda la cadena de valor a la iniciativa privada. A partir de la entrada en vigor de las leyes secundarias entre 2016 y 2017, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitieron más de mil permisos de importación a empresas particulares, al tiempo que otorgaron licencias para la construcción y operación de infraestructura independiente de transporte, que incluía autotanques, vías férreas y terminales de almacenamiento. Finalmente, la desvinculación de las estaciones de servicio respecto a la franquicia Pemex permitió que miles de gasolineras en todo el país comenzaran a comprar libremente a distribuidores privados. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Este escenario de mercado abierto, carente de mecanismos estrictos de trazabilidad química y de supervisión continua en los recintos fiscalizados, creó la rendija regulatoria por la que ingresaron de contrabando miles de millones de litros de combustible no contabilizado. Con informacion de Excelsior.