A pocos días de que concluya 2024, la industria automotriz mexicana de vehículos pesados celebra un cierre de año histórico al superar en noviembre el récord de unidades vendidas al mayoreo logrado el año previo. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca traerá consigo la amenaza de nuevos aranceles y endurecimiento de las reglas comerciales del T-MEC. Y es que, si algo está claro, es que la industria automotriz de vehículos pesados depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, y cualquier barrera comercial podría desequilibrar esta integración, elevar costos y frenar exportaciones.

Claudia Sheinbaum y sus colaboradores más cercanos, como el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tendrán que priorizar el diálogo bilateral para evitar cualquier retroceso y moverse con rapidez, para enviar un mensaje de certidumbre y pragmatismo a nuestros socios comerciales, para proteger a una industria clave para la economía. En el terreno doméstico, los retos no son menores.

La antigüedad de la flota vehicular, cuya edad promedio es de 19 años, es un problema insostenible, tanto para el medio ambiente como para la seguridad vial, por lo que ya no puede postergarse. Un punto igualmente crítico es el suministro de diésel de ultra bajo azufre (DUBA). Aunque el sector ha insistido en su distribución estratégica, hoy apenas alcanza 80 por ciento en los principales corredores carreteros y ciudades del país, y aunque no es un porcentaje bajo, la situación se complica con la inminente entrada en vigor de la NOM-044, que restringirá la venta de vehículos con tecnologías menos eficientes a partir de 2025, una medida necesaria, pero que, sin abasto generalizado de DUBA y una adecuada señalización de las estaciones donde está disponible, vuelve inviable su cumplimiento. En este sentido, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate, tiene en sus manos la oportunidad de liderar el cambio que el sector requiere.

INEQUITATIVO

Cientos de anfitriones de la CDMX se han amparado para proteger su fuente de ingresos contra la nueva regulación de Estancia Turística Eventual (ETE) en la Ciudad de México que, entre otras restricciones, limita en 50 por ciento las noches al año que puede ofrecer un inmueble. La suspensión provisional es una medida temporal que implica que las cosas se deben mantener en el estado en el que estaban, en este caso, que las autoridades no puedan aplicar la regulación hasta que el juez analice el caso con más detalle. Los jueces que han otorgado suspensiones provisionales sostienen que los límites de noches pueden ser discriminatorios y desiguales para quienes prestan el servicio de ETE porque serían los únicos que tendrían un límite de noches, al compararlos con los hoteles.

¡Felices fiestas! nos leemos el lunes 6 de enero.

POR JAIME NÚÑEZ  

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