Tras la aprobación unánime de la Comisión de Gobernación sobre la propuesta para que la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas ocupara el cargo vacante en la presidencia concejal del municipio de Villa de Pozos, ante la renuncia de María Teresa Rivera, en el Pleno la historia fue distinta, pues algunos de los legisladores se posicionaron en contra de la decisión. El primero en manifestar su desacuerdo fue el diputado Marco Antonio Gama, quien aclaró desde el inicio que su voto en contra no estaba relacionado con la postulación de Aradillas, a quien dijo reconocer y respetar. Sin embargo, explicó que para su expresión parlamentaria la decisión iba en contra de la legalidad y del respeto a la literalidad de la ley, al considerar que no abonaría a la gobernabilidad que tanto necesita el municipio de Villa de Pozos. El ambiente se tensó cuando el tiempo de intervención de Gama concluyó y la presidenta del Congreso, Sara Rocha Medina, lo interrumpió para señalar que había agotado sus cinco minutos reglamentarios. El diputado pidió un minuto adicional, pero su micrófono fue apagado, lo que elevó todavía más la tensión en la sala. La discusión continuó cuando el diputado Héctor Serrano subió a la tribuna para responder a Gama, acusándolo de no tener pleno conocimiento de la legislación ni de las funciones del Congreso. Señaló que la decisión era totalmente legal y estaba respaldada por el cuerpo de asesores, explicando además que, una vez integrado el Concejo Municipal, es responsabilidad del propio Congreso designar a quien deba suplir una vacante, pues de lo contrario se incurriría en una omisión.

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  A estas intervenciones se sumó la diputada Gabriela López Torres, también en contra de la iniciativa. Recordó que, como abogada, tiene total claridad de la ley y subrayó que los diputados representan a la ciudadanía, ya sea por votación popular o de manera plurinominal. Señaló que el objetivo de convertir a Villa de Pozos en municipio fue precisamente garantizar su autonomía, por lo que insistió en que son las y los habitantes de la localidad quienes deben decidir sobre los asuntos que les afectan directamente.