El dotar de facultades legales, en este caso fiscales, a los directores de organismos operadores de agua, a los tesoreros o equivalentes en el estado por parte de reformas logradas en el Congreso local robustece el estado de derecho en algo tan lastimosamente perdido que es la responsabilidad. Es cierto que la autoridad tiene entre sus obligaciones la garantía de prestación de servicios a la ciudadanía como alumbrado, limpieza o agua potable, entre otros. Que desafortunadamente por inoperancia o incapacidad no se logra también sucede. Pero que haya ciudadanos o entidades morales que no cumplen con sus obligaciones también las hay y muchos. Vivimos en un país en donde el incumplimiento de nuestras responsabilidades son bandera del agandalle y el valemadrismo. Mal. La sociedad debe tomar conciencia y responsabilidad de que no todo es obligación del estado, léase cualquiera de los tres niveles. Que bueno que los órganos o prestadores de un servicio tengan dientes para hacer cumplir o sancionar al que incumple con una obligación. Ahora lo que sigue es que se logre fortalecer también el aparato burocrático y de impartición de justicia, en este caso el fiscal, que permita no solamente turnar la carpeta de un moroso sino lograr el anhelado deseo como sociedad: el estado de derecho. Por unos que no pagan y tampoco tienen sanciones, muchos no tenemos agua. La crisis de los organismos operadores de agua no es por no poder o no querer, es por no tener.