Que no existan casos comprobados de trabajo infantil en San Luis Potosí durante la actual administración no significa que el problema no exista. La diferencia entre no tener registros y no tener menores trabajando es precisamente donde comienza una discusión que merece mayor atención. De acuerdo con la ENTI 2025 del INEGI, alrededor del 13 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en la entidad realiza alguna actividad laboral. Frente a este dato, la falta de inspecciones suficientes, reconocida por la propia Secretaría del Trabajo estatal, evidencia una dificultad: aquello que no se busca con los recursos necesarios difícilmente podrá detectarse y atenderse. El problema, además, rebasa las capacidades de una dependencia. En México, millones de menores trabajan en un contexto donde la precariedad económica de sus familias sigue condicionando sus oportunidades. Detrás de muchos de estos casos no hay necesariamente una elección, sino la necesidad de contribuir a un hogar cuyos ingresos no alcanzan.

Por eso, el trabajo infantil no puede reducirse a una cuestión de vigilancia ni abordarse únicamente desde la responsabilidad de los padres. También obliga a preguntarse qué condiciones económicas empujan a una niña o un niño a trabajar, qué tan efectivas son las políticas sociales y qué hacen las autoridades para garantizar que la infancia transcurra entre la escuela, el juego y un desarrollo digno. En regiones agrícolas como la Huasteca potosina, donde se ha señalado la posibilidad de que menores acompañen a sus padres durante las temporadas de cosecha, la respuesta tampoco puede descansar en suposiciones. Se necesitan inspecciones, información verificable y mecanismos de protección que permitan distinguir entre las actividades permitidas y aquellas que vulneran los derechos de la niñez. La ausencia de casos documentados no debería ser motivo de tranquilidad, sino una oportunidad para fortalecer la vigilancia y prevenir situaciones que quizá hoy no están siendo visibles. Porque cuando se trata de la infancia, llegar tarde significa que el problema ya ha comenzado a cobrar consecuencias. Y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes no consiste solamente en sancionar cuando se detecta una irregularidad, sino en construir las condiciones para que trabajar no sea una necesidad antes de tiempo.