San Luis Potosí descendió al lugar 18 del Índice de Paz México 2026, colocándose como la entidad menos pacífica de la región Bajío, en un contexto donde 22 estados del país mejoraron sus indicadores de seguridad. Aunque el reporte muestra avances nacionales en reducción de homicidios y delitos con arma de fuego, el caso potosino refleja un deterioro ligado principalmente al crecimiento de delitos de alto impacto, y una percepción social de inseguridad cada vez más marcada.

El dato que más preocupa no es únicamente la posición en el ranking, sino la combinación de factores que revela el informe. San Luis Potosí mantiene bajos índices de homicidio en comparación con otras entidades, pero registra niveles elevados en delitos relacionados con estructuras criminales, además de un incremento importante en la percepción de miedo entre la población. Esto significa que la violencia ya no solo se mide por hechos de alto impacto, sino también por el desgaste cotidiano que afecta la movilidad, el comercio, la convivencia social y la confianza ciudadana.

El impacto económico también comienza a convertirse en un foco de atención para el sector empresarial y productivo. Durante 2025, la violencia representó pérdidas de varios mil millones de pesos para el estado. En términos prácticos, esto implica mayores costos en seguridad privada, logística, seguros y operación para empresas, comercios y familias, justo en un momento donde San Luis Potosí busca mantenerse competitivo frente al crecimiento industrial y la relocalización de inversiones en la región Bajío.

Otro elemento que genera preocupación es la advertencia sobre la posible fragmentación de grupos criminales tras la captura de liderazgos delictivos. Especialistas señalan que este fenómeno puede provocar nuevos ciclos de violencia regional, particularmente en estados donde existen mercados ilícitos consolidados y debilidad institucional en procuración de justicia. A ello se suma el incremento de delitos como violencia familiar y violencia sexual, indicadores que muestran que la percepción de inseguridad también está creciendo dentro del entorno social y comunitario.

El reto para San Luis Potosí no es únicamente reforzar operativos de seguridad, sino recuperar confianza institucional, fortalecer fiscalías, contener economías delictivas y garantizar condiciones de estabilidad para la ciudadanía y el sector productivo. El informe deja claro que la competitividad económica, la paz social y la seguridad pública ya no pueden entenderse por separado, especialmente en un estado que busca consolidarse como uno de los principales polos industriales del país.

¡Hasta mañana!