San Luis Potosí amaneció este martes con una postal incómoda: taxistas bloqueando avenidas clave, ciudadanos cerrando Periférico por falta de agua, protestas contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un asesinato a plena luz del día muy cerca a una comandancia policial. Visto por separado, cada hecho parece una crisis distinta. Pero cuando todo ocurre al mismo tiempo, en la misma ciudad y bajo la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, lo que aparece ya no es un problema aislado, si no el desgaste simultáneo de la gobernanza urbana.

El conflicto con el gremio taxista lleva meses creciendo y hoy ya rebasó el terreno del transporte. Las acusaciones sobre presuntos cobros irregulares, la falta de regulación clara y la exigencia abierta de destitución contra la titular de la SCT revelan algo más profundo: la autoridad dejó de ser árbitro y empezó a ser vista como parte del conflicto. Y es que una parte de este sector siente que no tiene interlocución institucional, convirtiendo las calles en oficina de presión política y el tráfico en herramienta de negociación.

Pero igual de delicado es lo que ocurrió en la Cañada del Lobo. Familias bloqueando Periférico Sur para exigir agua potable no es solamente una protesta vecinal; es la señal de una ciudad donde los servicios básicos ya no se garantizan desde el escritorio, sino desde el colapso vial. La gente no cierra avenidas porque quiera hacerlo; las cierra cuando descubre que ninguna ventanilla responde, ningún organismo resuelve y ninguna promesa llega. El problema es que San Luis empieza a normalizar esa lógica de “si no bloqueas, no existes”.

La protesta contra la CEDH también tiene un simbolismo delicado. Cuando las propias víctimas colocan lonas acusando persecución desde el organismo que debería protegerlas, lo que se erosiona no es solamente la imagen de una funcionaria; es la confianza en la última instancia moral del sistema público. Y en paralelo, el asesinato de una persona en la Central de Abastos, muy cerca de una comandancia policiaca, terminó de exhibir otra realidad incómoda: la percepción de seguridad ya no depende del número de patrullas, sino de la capacidad real de todas las corporaciones para inhibir violencia en espacios cotidianos. Si alguien puede ser ejecutado a plena luz del día en una zona comercial tan importante, el mensaje social es devastador.

Mientras tanto, el sector empresarial observa en silencio. Y debería preocuparle más de lo que aparenta. Una ciudad con bloqueos constantes, crisis de agua, conflictos regulatorios y percepción creciente de inseguridad empieza a perder competitividad, inversión y confianza. Ninguna capital puede presumirse moderna si resolver un trámite, conseguir agua o circular sin caos depende del humor social del día. El desgaste institucional también se refleja en la economía, aunque a muchos les cueste reconocerlo.

San Luis Potosí no enfrenta únicamente un problema de movilidad, seguridad o servicios. Enfrenta algo más peligroso: una ciudadanía que empieza a asumir que la única forma de ser escuchada es paralizando la ciudad mientras las instituciones observan cómo el descontento se vuelve paisaje cotidiano.

¡Hasta mañana!