El veto a la llamada Ley Gobernadora es un cálculo más que una convicción; una maniobra quirúrgica para reacomodar piezas luego de que el tablero nacional comenzó a mirar con desconfianza.

El Congreso local empujó la reforma con una velocidad que levantó cejas, los cabildos afines la avalaron en cascada y, de pronto, el propio gobernador la frenó. ¿Prevención jurídica o control de daños políticos? La respuesta incómoda es que el veto no nació de una revisión técnica, sino del temor a la productividad.

Desde la trinchera del PVEM, el senador Luis Armando Melgar no titubea: con ley o sin ley, con Morena o sin Morena, Ruth González es la apuesta para 2027. Esa frase es más que respaldo; es una declaración de autonomía. El Verde ya no habla como aliado subordinado, sino como socio. Y Morena lo sabe.

No queda de lado la paradoja reveladora: Los mismos diputados que la defendieron con fervor ahora guardan silencio o intentan justificar a toda costa el trabajo, y a apoyar al líder de su partido.

Ese vaivén no es casual, es la radiografía de una política que legisla por conveniencia y corrige por presión. Como dijo alguien por ahí, no fue la ley la que estaba mal; fue el tamaño de la reacción lo que asustó.

Por más guiño que se intente hacer al gobierno federal, la realidad es que la grieta ya está abierta. En San Luis Potosí, la sucesión ya empezó, va avanzando, y no será ni tersa ni discreta.