Hay decisiones de gobierno que no se explican solas, pero se sienten de inmediato. Cambiar un modelo de atención médica, moverlo de lo público a lo privado, despedir personal y prometer eficiencia es una de ellas. No porque el sector privado sea, por definición, el villano, sino porque en México la salud suele resentir cada vez que se convierte en expediente, contrato o “nuevo esquema”.

El reciente reacomodo de los servicios médicos para trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió una conversación incómoda: ¿de verdad estamos mejor cuando la atención médica depende de convenios opacos, migraciones apresuradas y promesas administrativas? El discurso oficial habla de cobertura ampliada y optimización de recursos, pero en el terreno cotidiano aparecen otros síntomas: confusión, pérdida de expedientes, desabasto y una sensación generalizada de que la salud dejó de ser prioridad para convertirse en proceso.

Lo preocupante no es solo quién administra el servicio, sino cómo se toman las decisiones. Y eso no es exclusivo de un ayuntamiento; es una constante que se repite en estados, federación y hasta en grandes instituciones públicas.

Aquí es donde el debate debe ampliarse. No se trata únicamente de privatización, sino de la incapacidad estructural del Estado, en cualquiera de sus niveles, para garantizar servicios médicos continuos, dignos y funcionales.

Puertas que aún pueden abrirse

La relación entre gobierno y medios no tiene que ser de confrontación, sino de corresponsabilidad. Mejorar protocolos, transparentar criterios de acreditación y reconocer el papel de la prensa regional ayudaría a que los eventos oficiales cumplan su objetivo central: informar. A veces no hace falta cambiar el rumbo, sólo ajustar el trato. Porque una comunicación abierta no debilita al poder; lo vuelve más cercano y, sobre todo, más creíble.

¡Hasta mañana!