La crisis de personas desaparecidas acumuló durante años diagnósticos, confrontaciones políticas y fragmentación institucional. Mientras colectivos realizaban búsquedas prácticamente solos, fiscalías estatales, registros forenses y bases de datos operaban desconectados. Ese escenario comenzó finalmente a modificarse.

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, abrió una etapa distinta basada en coordinación operativa entre el Gobierno Federal, fiscalías estatales y comisiones de búsqueda. El cambio más importante no es discursivo sino institucional. Por primera vez se construye una lógica nacional para compartir información, activar alertas y coordinar capacidades.

Coordinación nacional. Gobernación impulsó la Alerta Nacional de búsqueda para comunicar de manera inmediata cada reporte de desaparición a fiscalías y comisiones estatales, además de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. Parece obvio, pero durante años las instituciones trabajaron prácticamente aisladas.

La lógica es correcta. Las desapariciones dejaron hace tiempo de ser fenómenos exclusivamente locales. Las redes criminales operan entre estados, utilizan corredores nacionales y aprovechan vacíos de información institucional. Sin interoperabilidad entre autoridades, cualquier estrategia estaba condenada a fragmentarse.

También destaca la creación del Centro de Mando Permanente de Atención a la Alerta Nacional, integrado por la FGR, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Seguridad federal y el Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo es reaccionar desde las primeras horas y no años después, como ocurría frecuentemente.

Rosa Icela y el giro operativo. El papel de la Señora Secretaria ha sido relevante porque privilegió coordinación política y técnica con gobernadores, fiscalías y colectivos. Su apuesta parece orientarse menos a la confrontación pública y más a construir mecanismos permanentes de cooperación.

Gobernación también inició mesas regionales para revisar registros, procesos de identificación y capacidades forenses. El mensaje político es relevante. El Gobierno federal finalmente reconoce que la desaparición de personas no puede tratarse únicamente como asunto de seguridad pública, sino también como crisis humanitaria y de gobernabilidad.

El reto estructural. Nada de esto resuelve por sí solo una crisis acumulada durante décadas. México mantiene rezagos forenses, diferencias de capacidades entre estados y altos niveles de impunidad. Persisten críticas legítimas de colectivos y organismos internacionales.

Sin embargo, la coordinación entre fiscalías estatales y el Gobierno federal era el punto de partida indispensable que no existía. El desafío ahora será sostener el esfuerzo e institucionalizar capacidades.

Agenda estratégica. El próximo 28 de mayo se presentará el libro Cuarto de Guerra. Seguridad nacional en México, en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participarán la embajadora Eréndira Paz Campos, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, José Carreño Figueras y un servidor, con moderación de la ministra Lourdes Sosa Márquez. Confirma tu asistencia indicando nombre e institución al correo: imrinfo@sre.gob.mx

GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA

COLABORADOR