La publicidad puede marcarse con una P. La verdad no. Pero el proyecto de lineamientos sobre derechos de las audiencias, sometido a consulta pública en estos días, desdibuja esa diferencia: convierte problemas de epistemología y ética periodística en obligaciones administrativas sancionables.

La propuesta mezcla dos tipos de obligaciones radicalmente distintas. Unas son verificables: identificar el contenido patrocinado, garantizar la accesibilidad, hacer efectivo el derecho de réplica. Otras no lo son: ofrecer “información veraz”, evitar “información descontextualizada”, reflejar “pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico”. Las primeras pueden constatarse. Las segundas exigen juicios que no admiten comprobación automática: ¿quién decide si un contenido tiene el debido contexto? El pluralismo, además, no es un atributo de cada pieza, sino del ecosistema mediático. Exigirlo caso por caso atenta contra la libertad editorial y, paradójicamente, vuelve a los medios más parecidos entre sí.

Desaparecieron al INAI y al IFT; neutralizaron a la ASF y a la CNDH; tribunales y fiscalías están capturados políticamente. En ese entorno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, inserta en el Poder Ejecutivo federal, interpretará los lineamientos, supervisará a defensorías, concesionarios y programadores, podrá realizar monitoreos e iniciar procedimientos sancionadores. Pretende proteger a las audiencias de los abusos de los medios; de los abusos del poder las protegían, mal que bien, las instituciones que Morena ha desmantelado.

El problema se agrava por una asimetría: el Estado exige veracidad y contexto, pero controla buena parte de los insumos para sustentarlos. Posee expedientes, contratos, registros financieros y carpetas de investigación, pero decide con creciente discrecionalidad qué revela y qué reserva. En casos de corrupción, dispendio, negligencia o encubrimiento, los periodistas reconstruyen los hechos desde fuera, mientras el poder fija su versión y retiene —por “seguridad nacional” u otros artilugios— los datos necesarios para refutarla.

El Estado no debe certificar la verdad ni arrogarse la facultad de decidir qué pruebas bastan, cuánto contexto es suficiente, ni qué interpretación es aceptable. Tampoco le corresponde trazar arbitrariamente la frontera entre información y opinión. Al establecer que cada código de ética será “aplicable y exigible”, los lineamientos incentivan coberturas mínimas y defensivas: investigar y sostener una línea editorial independiente resultará más riesgoso; repetir la versión oficial, más cómodo.

Proteger a las audiencias exige ampliar su capacidad de juzgar, no sustituirla por el juicio de la autoridad. Una prensa vigilada por el poder no informa más ni mejor: informa menos y con más temor. La verdad no necesita que el Estado la certifique, sino condiciones para investigarla, discutirla y corregirla.

Por Carlos Bravo Regidor