Sanciones por ventas de medicamentos apócrifos y desvío de recursos no sólo debe aplicarse a exdirectivos del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, sino a toda la “red de corrupción” que incluye a las empresas que facturaron las compras y a funcionarios de la administración del exgorbernador Juan Manuel Carreras, incluyendo al exmandatario, indicó Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil, Ciudadanos Observando.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de San Luis Potosí inhabilitó por un año a exdirectivos del Hospital Central como el extitular Francisco ‘N’, el ex director administrativo, Héctor Francisco ‘N’ y al jefe de Mantenimiento, José Alejandro ‘N’; por el desvío de recursos públicos y las denuncias por compras a empresas fantasma de medicamentos oncológicos aplicados a mujeres con cáncer.

En este sentido, González Covarrubias comentó que las sanciones a los culpables de las investigaciones efectuadas por la compra de dichos medicamentos realizada entre 2017 y 2019, no deben ser sólo a los administrativos del hospital, sino al exgobernador Carreras, la extitular de Salud, Mónica Rangel y las empresas implicadas. Señaló que cuando Ciudadanos Observando efectuó la investigación, le hicieron saber al exgobernador Carreras las irregularidades encontradas en la compra y suministro de medicamentos apócrifos y “no hizo nada”.

“Es una red, todas las empresas que facturaron deben estar sujetas a denuncia penal, junto con el exdirector y su gente, denunciamos todas las anomalías a Juan Manuel Carreras y al ex secretario de Finanzas y se le hizo ver toda la red de corrupción y no hicieron nada”, enfatizó.

González Covarrubias detalló que la investigación “tiene que ir a fondo” porque le proporcionaban medicamentos falsificados a mujeres que recibían sus tratamientos de cáncer de mama y “eso es jugar con la vida de las personas, la sanción es simbólica para lo que hicieron”.

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Finalmente comentó que la venta de medicamentos apócrifos es una problemática que continúa no sólo a nivel local sino nacional “porque las redes que han operado no se han desmantelado” y desde la organización que preside han exigido que “se presenten las denuncias penales y que autoridades estatales trabajen con la unidad financiera para llevar a la justicia a toda la red de corrupción”.