Se presentó, vía correo electrónico, una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, contra Mireya María Zuleta Monsiváis, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Arturo Reyes Sandoval.

El escrito atribuye a la funcionaria actos de intimidación y hostigamiento laboral hacia el personal a su cargo, y sugiere que dichas conductas podrían operar como una “cortina de humo” para impedir la difusión de presuntas irregularidades. Como antecedente, su presunto hermano, Benjamín Zuleta Monsiváis, fue sentenciado a prisión por fraude genérico continuado.

Además, diversas empresas han señalado anomalías en la actuación del OIC del IPN para favorecer a determinadas compañías y refieren supuestas reuniones de la titular con representantes de firmas calificadas como “muy sospechosas”. De acuerdo con esas partes, se preparan denuncias formales para que las autoridades revisen eventuales conflictos de interés y la legalidad de los procedimientos internos.

Presunto hermano de Zuleta, en prisión por fraude

A la controversia se suma un antecedente de carácter familiar. Según información judicial, el presunto hermano de la funcionaria, Benjamín Zuleta Monsiváis, fue sentenciado por fraude genérico continuado. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó una pena de siete años y seis meses de prisión en la toca 151/2016, ratificando lo dictado por el Juzgado 44 Penal del Reclusorio Preventivo Norte, además de imponer una multa de $35 mil 100 y la reparación del daño por $4 mil 677,336.

De acuerdo con el expediente, entre 2005 y 2009 el sentenciado laboró como contador y simuló realizar declaraciones y pagos de impuestos de un cliente. En ese periodo, el afectado y su empresa expidieron 61 cheques a su favor como constancia de entrega de recursos para la autoridad fiscal, lo que no ocurrió.

En el proceso, el señalado presentó copias simples de recibos bancarios para sostener que los pagos se efectuaron —alegando extravío de originales—; sin embargo, una verificación ante el SAT no encontró registros ni coincidencia de montos u operaciones. También se acreditó que los recibos fueron cobrados en instituciones financieras, por lo que los magistrados confirmaron su responsabilidad penal y la sentencia.

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Se espera que las instancias correspondientes determinen si existen irregularidades en la actuación de la titular del OIC del IPN y, en su caso, definan responsabilidades.

Con información de Excélsior