Los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Layda Sansores en Campeche están determinados a meter a la cárcel a Alejandro Moreno Cárdenas. No es un rumor ni un trascendido: es una operación en marcha que ya dio sus primeros frutos.

Las autoridades locales y federales arrestaron a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas al hermano de Alito, Emigdio Moreno Cárdenas.

También cayó Carlos Alberto Medina, exdirector de Comunicación Social de su gobierno, acusado de complicidad en desvío de recursos con factureras.

Todo se desprende de las investigaciones contra Moreno por peculado, desvío de más de 80 millones y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador.

Para priistas que conocen el expediente, estos dos casos representan el golpe más certero contra el dirigente tricolor hasta ahora. Y ven muy difícil que salga bien librado.

No son los primeros: antes fueron vinculados a proceso Walter “N”, exvocero de su gobierno; y José Domingo “N” y Pablo “N”, ex funcionarios ligados al manejo de un fideicomiso.

La estrategia para aniquilar políticamente a Moreno Cárdenas corre por dos vías: reactivar el juicio de procedencia para quitarle el fuero y cerrar el cerco con nuevas carpetas contra sus excolaboradores.

Mientras tanto, Alito viaja con frecuencia a Estados Unidos, algo que en Palacio Nacional tienen documentado y atribuyen a la búsqueda de un manto protector a cambio de información.

Hasta hace poco, el gobierno federal lo consideraba un mal necesario: un opositor que más que dañar resultaba útil. Esa condición cambió por sus amagos permanentes contra el régimen, su cercanía con Washington y las cuentas pendientes en Campeche.

Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados, ya confirmó que el caso de Alito encabeza la lista de la Sección Instructora. Y reactivarán el proceso. Por eso la desesperación del priísta es cada vez más evidente. Y en ese contexto se inscribe la provocación/agresión que protagonizó el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla en el Senado de la República.

Se trata de un “legislador” sin historial parlamentario relevante, conocido ahora como “Porro del PRI” por enfrentar al morenista Arturo Dávila, episodio que, por cierto, generó pena ajena incluso entre algunos priistas.

La lectura es unánime: Alito mandó a un “golpeador” a dar la cara porque no hay argumentos para defenderse solo, algo que nada bien tomaron en el Congreso de la Unión.

Incluso la fracción del PAN en San Lázaro analiza sumarse a Morena para desaforar por violento a Gutiérrez Mancilla. Además, Arturo Ávila presentó una denuncia penal en su contra.

Y la respuesta de Alito fue previsible: “No se puede esperar más de un gobierno cínico y autoritario. Aquí los espero”. Son palabras de quien sabe que el cerco se cierra y cada vez están más encima de él.

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DESPUÉS DEL DESAGUISADO de Gutiérrez Mancilla, muchos se preguntaron quién lo tripula. Pero la respuesta es clara: responde a los intereses de Alito.

Sin embargo, también es visto como alguien cercano al senador Pablo Angulo, quien aspira a la gubernatura de Campeche. Además, trabajó como asesor agrario en el gobierno del actual senador Manuel Velasco, con quien -según dice a quien lo quiere escuchar- mantiene una relación muy estrecha.

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SERÁ EL 30 DE AGOSTO cuando se lleven a cabo las reuniones plenarias de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, previó al arranque del periodo ordinario de sesiones. Las bancadas encabezadas por Ricardo Monreal e Ignacio Mier, verán desfilar a los principales integrantes del gabinete presidencial.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La diferencia entre un perseguido político y un político con cuentas pendientes está en los expedientes, no en los discursos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

COLABORADOR

ALFREDO@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@ALFREDOLEZ