La Organización No Gubernamental (ONG) Elementa DDHH advirtió este martes del creciente reto en la ciudad fronteriza de Tijuana que encaran las autoridades para proteger la salud mental de los migrantes ante las deportaciones masivas, y evitar así que terminen en una situación de calle y en el consumo problemático de sustancias.

Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización, explicó en un encuentro con medios de comunicación que esta medida va más allá de los programas de protección que se instrumentaron para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, y su razón deriva en la crisis de opioides que se vive en esta zona fronteriza.

En este sentido, destacó que, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), las principales características de las personas usuarias de sustancias en Tijuana “son hombres, la mayoría migrantes que habían intentado cruzar la frontera o que fueron deportados de Estados Unidos”.

Por lo cual, remarcó la necesidad y urgencia de que las autoridades “lleven a cabo una política real de salud mental”, ya que es un tema que en Baja California, y en particular Tijuana, las autoridades del gobierno estatal lo tienen bien identificado y documentado.

“No es algo nuevo, el mismo gobierno del estado tiene ya documentado el cómo el fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deberían tener respuestas a esa situación”, expuso.

Todo ello, agregó, “como consecuencia de la frustración, la depresión y la caída del estado de ánimo tras haber sido repatriados contra su voluntad”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que México recibió a 4 mil 094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del Gobierno de Donald Trump.

En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Por su parte, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, destacó que las organizaciones de la sociedad civil como PrevenCasa, en Tijuana, y Verter, en Mexicali, han asumido esos roles de atención a la problemática de opioides en general, pero “no se dan abasto para atender a toda la población”.

“El gobierno debe asumir que, si no se prepara una política pública que entienda la probabilidad de que todas las personas que vayan a regresar forzadamente, que vendrán en contra de su voluntad, puedan terminar en una de estas situaciones, van a contribuir a la crisis de consumo de sustancias problemáticas que ya existe en el estado”, resaltó.

Reiteró que no solo se trata de brindarles las condiciones básicas a estas a las personas, sino entender también la prioridad de la salud mental porque, ante la vulnerabilidad a la que muchas se van a enfrentar, resultarán presas fáciles para el crimen organizado que utiliza a las personas en situación de calle o que los recluta también contra su voluntad.

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“Hay un tema de seguridad, pero hacia la persona migrante, entendemos la parte de la seguridad general, pero cómo realmente les van a abrir las puertas a las personas. Creo que una tarjeta de dos mil pesos no es la solución, sino que se necesitan políticas públicas claras sustentadas en estos contextos”, sentenció.

Con información de López Dóriga Digital