El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, con 27 votos a favor, un dictamen para armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, publicada el pasado 28 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la estrategia nacional contra este delito.

La iniciativa llegó al Legislativo luego de que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres, anunciara trabajos para adecuar el marco jurídico estatal, pese a que la extorsión no ha sido considerada un delito con focos rojos en San Luis Potosí. No obstante, las y los diputados coincidieron en la necesidad de contar con herramientas legales robustas para prevenir su crecimiento y cerrar espacios a la impunidad.

Con la reforma se homologa el tipo penal de extorsión, estableciendo penas de 15 a 25 años de prisión como mínimo, además de incorporar agravantes específicas como el llamado cobro de piso, la afectación a actividades comerciales, el uso de información personal y de sistemas financieros, la participación de servidores públicos y la comisión del delito desde centros penitenciarios.

Durante la discusión, el diputado Carlos Arreola Mallol señaló que la extorsión es el único delito que no ha mostrado una reducción en la entidad. Detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha recibido 950 reportes por extorsión en distintas modalidades, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) acumula más de 17 mil denuncias en los últimos dos años.

Arreola explicó que la reforma no se limita al endurecimiento de penas, sino que plantea una reingeniería institucional integral, que incluye un tipo penal sólido, coordinación entre fiscalía, seguridad pública y sistema penitenciario, así como un enfoque centrado en la víctima y la protección de su patrimonio. Recordó que San Luis Potosí fue uno de los primeros estados en establecer la persecución de oficio del delito y ahora alinea completamente su política de seguridad a la legislación federal.

El dictamen contempla reformas al Código Penal, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, una unidad especializada dentro de la Fiscalía, el diseño de políticas de prevención e inteligencia, así como el uso de tecnología para la geolocalización, bloqueo y cancelación de líneas utilizadas para cometer este delito.

Asimismo, se establece la obligación de contar con personal capacitado y perfiles especializados, además de mecanismos de rendición de cuentas para servidores públicos que omitan, obstaculicen o permitan la inoperancia de las acciones de combate a la extorsión.

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Con la aprobación unánime del pleno, la reforma fue turnada para su ejecución, consolidando un marco legal que busca colocar a San Luis Potosí a la altura de la estrategia nacional contra la extorsión.