La reforma a la legislación electoral (ahora vetada) se llevó a cabo sin que existiera cumplimiento total de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, en la que se ordenaron obligaciones claras al Congreso del Estado de San Luis Potosí, particularmente en materia de consultas ciudadanas obligatorias y adecuación normativa conforme a estándares constitucionales. Se está confirmado oficialmente que dicha sentencia sigue en etapa de cumplimiento, que no ha sido acatada en su totalidad, y que no existe pronunciamiento de cumplimiento satisfactorio por parte del máximo tribunal. Reformar leyes ignorando sentencias constitucionales firmes no es un tema menor:

-Debilita el Estado de Derecho,

-Vulnera derechos humanos y de participación democrática, y

- Erosiona la confianza institucional.

Las leyes no pueden construirse sobre incumplimientos constitucionales.

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