¿San Luis Potosí, SLP.- Pese a los cuestionamientos de diputados por el monto solicitado, los concesionarios del transporte público mantendrán su petición de recursos por casi 2 mil 798 millones de pesos para la renovación y reestructuración del sistema en San Luis Potosí. Margarito Terán López, representante del gremio, defendió la iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado y advirtió que, sin apoyo presupuestal, el transporte urbano podría enfrentar un escenario crítico el próximo año.

La propuesta contempla una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos, de la cual, según explicó Terán López, alrededor del 82 por ciento se destinaría a renovar la flota vehicular, pues señaló que actualmente existen aproximadamente 872 unidades vencidas y que, bajo las condiciones actuales, para 2027 prácticamente todo el parque vehicular estaría obsoleto, por lo que plantean sustituir las unidades por vehículos de nuevas tecnologías, principalmente eléctricos.

El concesionario sostuvo que la intención no es únicamente renovar camiones, sino mejorar integralmente el servicio, con unidades más modernas y operadores mejor capacitados y afirmó que la iniciativa busca beneficiar directamente a los usuarios y evitar que el sistema llegue a un punto en el que resulte imposible continuar operando bajo las condiciones actuales.

Sobre el tipo de unidades que propone incorporar, Margarito Terán señaló que la renovación estaría enfocada principalmente en autobuses eléctricos y tecnologías amigables con el medio ambiente e indicó que buscan contar con unidades modernas, con mejores condiciones de operación y calidad, incluso superiores a las de Red Metro, para ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los usuarios.

Aunque diputados, entre ellos integrantes de la Comisión de Transporte, han cuestionado la viabilidad de una solicitud de esta magnitud, Terán López afirmó que el gremio no retirará su planteamiento y continuará buscando que sea analizado por el Congreso y la iniciativa ya fue turnada a comisiones para su revisión.

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“Nosotros ya no podemos seguir operando”, sostuvo el representante del transporte, al señalar que los costos de operación continúan recayendo sobre los concesionarios, mientras se mantienen obligaciones como el pago de combustible, electricidad y agua, por lo que consideró que, si se pretende que el transporte funcione como un servicio social, tendría que existir un respaldo público para sostenerlo.