El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general con 341 votos a favor y 124 en contra, la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer el modelo de elección judicial.  Una vez avalado este dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán decretó un receso en la sesión extraordinaria, que se reanudará mañana a las 9:00 horas.  Por lo que, la discusión en lo particular de este documento, que busca posponer hasta el 4 de junio del 2028 la elección de jueces y magistrados, además de permitir que la revocación de mandato podrá coincidir con las jornadas electorales federales o locales, se llevará este miércoles 27 de mayo.  Al posicionar sobre el tema, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu expresó que la reforma judicial impulsada en 2024 no funcionó, y su bancada lo advirtió desde entonces.  Reprochó que la esta reforma no es sustantiva para corregir y evitar la elección de una manera centralizada por el Poder Ejecutivo y el partido oficialista de las personas al Poder Judicial. “Dinamitaron las capacidades institucionales del poder judicial desperdiciando años de experiencia acumulada. y debilitaron aún más un sistema ya de por sí, poco satisfactorio. Qué bueno que reconozcan su error, pero qué mal que no quieren repararlo”, puntualizó.  Por su parte, la legisladora del PAN, Laura Cristina Márquez Alcalá anunció que votarán en contra de la aprobación del dictamen, pues éste no democratiza al Poder Judicial, sino, todo lo contrario, deja en indefensión a la mayoría de la población.  Refirió que se prevé aprobar en fastrack una legislación que no resuelve la problemática de fondo, siendo más bien una propuesta de reforma centralista.  En tanto, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez refirió que la reforma no soluciona el problema de fondo y pone en riesgo la democracia , además coloca a la justicia en una disputa política.  Comentó que no se incorporan mecanismos contra la utilización de acordeones, la insaculación y mucho menos la amenaza de intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.  Mientras que, la petista, Lilia Aguilar Gil sostuvo que la iniciativa en discusión responde a la necesidad de perfeccionar la legislación vigente en materia judicial, pues aquella es resultado de las experiencias de las elecciones judiciales recientes.  Apuntó que es necesario continuar otorgando al pueblo el poder de elegir a las y los integrantes del Poder Judicial. Por el partido verde, Ana Erika Santana expuso que este documento es muestra de que el Estado debe tener capacidad para perfeccionar sus propias leyes.  Por ello, expresó que la reforma en discusión refuerza las condiciones de legitimidad y certeza jurídica en el proceso de elección de las personas juzgadoras, bajo la incorporación de mecanismos para ampliar la participación ciudadana, fortalecer la organización electoral e implementar instrumentos objetivos de evaluación de los perfiles de las candidaturas, en un marco de probidad e integridad.   Finalmente, el morenista, Leonel Godoy Rangel manifestó que no sólo se discute sobre una reforma judicial, más bien se debate sobre una visión de país. Con información de El Heraldo de México