En mesa de trabajo, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables analizó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato y a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, para crear un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. Al hacer uso de la voz, José de Jesús Soriano Flores, profesor de la Universidad de Guanajuato, comentó que en entidades como Guanajuato el organismo por la ley estatal denominado Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación no ha logrado cumplir con las atribuciones que le confiere el ordenamiento local a razón de que no ha sido prioritario en la agenda pública y porque el diseño legal dota de múltiples facultades que no está en la posibilidad material de cumplir. En su intervención, Manuel Vidaurri Aréchiga, representante de la Universidad de La Salle Bajío, expresó que pudiera existir una duplicidad cuando ya existe un organismo que tendría que ejercer las peticiones de la iniciativa por estar ya tener un mandato en la ley. Agregó que pudieran existir algunas preocupaciones por la asignación presupuestal y que pudieran causarse confusiones en las atribuciones de cada organismo, mismo que se pudiera atenderse con un análisis a profundidad. Geraldina González de la Vega Hernández, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), externó que generar una instancia, un organismo descentralizado con autonomía técnica, de gestión y con presupuesto propio es fundamental para que se entiendan las preocupaciones y necesidades de forma específica del entorno local. Gabriela Araujo Guevara, de la Universidad Iberoamericana de León, coincidió que la sobrecarga que tiene el CONAPRED a nivel federal, a razón de que los casos que son de su conocimiento que han tratado de llegar al órgano federal se han visto obstaculizados, por el tema de la carga de trabajo, el aspecto geográfico y otros aspectos que se pueden evitar contando con un órgano estatal. Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, dijo que existe el error de nombrar como consejo a lo que es una asamblea, luego de que instituciones como el COPRED de la Ciudad de México son una dependencia con nómina, con presupuesto, con capacidad técnica y operativa, misma que cuentan con una asamblea, que es lo que erróneamente se nombra en Guanajuato y que no está en existencia. Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, refirió que existen ejemplos en otros estados que cuentan con un órgano descentralizado funcional que atiende los temas de discriminación, por lo que no debería de acabarse la posibilidad de llevar a cabo la iniciativa por el tema de la asignación presupuestal, cuando existen espacios en el Poder Ejecutivo que priorizan temas que dejan de lado los temas de garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, la diputada Dessire Angel Rocha señaló que los problemas de discriminación afectan en todas las esferas de la vida, por lo que la iniciativa se podrá fortalecer con las opiniones vertidas en la mesa de trabajo que coinciden en que el lema de la no discriminación se tiene que vivir todos los días. Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que el propósito de la discusión es dialogar, aportar y hacer crítica a la iniciativa para mejorar la iniciativa puesta a discusión, además de agradecer las intervenciones de cada uno de los presentes que buscan que la propuesta llegue a buen término.