La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias con base en indicios y sin control judicial previo, ha encendido un debate en el sector empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) que todos los días generan empleo y sostienen la vida económica de la región.

Así lo señaló el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, quien destacó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre una discusión legítima sobre el equilibrio entre el combate a delitos financieros y la protección del patrimonio de ciudadanos y empresas.

El líder empresarial reconoció que el combate al lavado de dinero es indispensable para la estabilidad económica del país; sin embargo, subrayó que también es fundamental garantizar la certeza jurídica para el desarrollo de la actividad productiva.

Explicó que en la región de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas el motor económico no son las grandes corporaciones, sino negocios familiares, restaurantes, transportistas turísticos, comercios locales y operadores de servicios, los cuales dependen de la liquidez diaria para sostener su operación.

En ese contexto, advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias puede generar consecuencias inmediatas para las MIPyMEs, como la imposibilidad de pagar nómina, cumplir con proveedores o mantener sus operaciones, lo que incluso podría poner en riesgo su continuidad.

Vizcaíno Rendón enfatizó que, a diferencia de las grandes empresas, para los pequeños negocios una medida de este tipo puede significar la paralización total de sus actividades.

Por ello, planteó la necesidad de que estas acciones se acompañen de reglas claras, criterios objetivos, revisión judicial en plazos inmediatos y mecanismos de transparencia que eviten decisiones discrecionales.

Finalmente, reiteró que fortalecer la inteligencia financiera es compatible con el respeto al debido proceso y la confianza en las instituciones, al sostener que el desarrollo económico regional depende de la certeza en las reglas: combatir el delito, dijo, no debe implicar debilitar el Estado de derecho ni afectar a quienes generan empleo y oportunidades en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.