Con lonas colocadas en las inmediaciones de la Glorieta Francisco González Bocanegra, una mujer identificada como María de Jesús Almendárez realizó una manifestación pública para denunciar presunta revictimización por parte de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La protesta llamó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por la zona, donde la inconformidad estuvo dirigida directamente hacia la actuación de la Presidenta de la institución, Giovanna Arguelles, y de su primera visitaduría.

La manifestante aseguró ser víctima de abuso y acoso sexual, y señaló que, pese a contar con recomendaciones emitidas por instancias nacionales, sus expedientes continúan sin seguimiento efectivo dentro de la comisión estatal. De acuerdo con su testimonio, lejos de encontrar acompañamiento institucional, enfrentó situaciones que considera una nueva forma de violencia, al denunciar la recepción de mensajes e imágenes inapropiadas presuntamente enviadas por personal relacionado con el organismo.

Según relató, los hechos fueron reportados ante el área de Contraloría de la propia comisión; sin embargo, afirma que le notificaron que no se iniciarían sanciones al considerar que la conducta señalada no constituía una falta administrativa grave. La situación, dijo, incrementó su percepción de abandono institucional y falta de protección hacia quienes acuden a organismos defensores de derechos humanos buscando respaldo y seguimiento legal.

Durante la protesta, María de Jesús también señaló haber solicitado apoyo a otras instancias estatales e incluso al Poder Legislativo, sin obtener hasta ahora una respuesta concreta. La manifestación abrió nuevamente cuestionamientos sobre los mecanismos internos de atención, supervisión y acompañamiento a víctimas dentro de organismos públicos encargados precisamente de la defensa de derechos humanos.

Habitantes y personas que observaron la protesta señalaron que este tipo de casos terminan exhibiendo una problemática más amplia: la distancia entre los procedimientos institucionales y la percepción ciudadana sobre el acceso real a la justicia y la atención digna. En un contexto donde las denuncias por violencia y acoso continúan creciendo, el seguimiento que las instituciones den a estos señalamientos podría convertirse también en un indicador de confianza pública.

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La manifestante adelantó que continuará realizando acciones públicas para visibilizar su caso, incluyendo posibles movilizaciones en la Ciudad de México, con el objetivo de buscar la intervención de instancias federales y mantener presión para que sus denuncias sean revisadas nuevamente.